Las autoridades judiciales impusieron una prohibición de salida del país y congelaron cuentas bancarias a los presuntos testaferros que compraron la finca de Pilar asociada a Claudio Tapia y a dirigentes de la AFA, generando un escándalo que revela amplias redes de lavado y evasión.

Contexto del caso

Una lujosa propiedad ubicada en la zona de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, ha llamado la atención de la justicia y la opinión pública. La finca, conocida por su helipuerto privado y su asfalto a medida, estaba vinculada a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a su hijo Chiqui Tapia, exvicepresidente de la AFA.

Detenciones y medidas cautelares

El juzgado federal decretó la prohibición de salir del país para los presuntos compradores y testaferros de la propiedad, entre ellos Pablo Toviggino y otros nombres señalados en las investigaciones. Asimismo, se ordenó la congelación de sus cuentas bancarias para impedir el flujo de dinero mientras se esclarecen los hechos.

¿Qué se investigó?

Las pesquisas giran en torno a una supuesta compra irregular de la mansión, adjudicada originalmente a Claudio Tapia, y a la existencia de una red de testaferros que habría facilitado la adquisición de bienes de alto valor, como 120 autos de lujo vinculados a una empresa de la jubilada asociada a Chiqui Tapia.

Repercusiones políticas y sociales

El caso ha generado fuerte debate sobre la falta de transparencia dentro de los dirigentes del fútbol argentino y la posible utilización de inmuebles y vehículos de lujo para lavar fondos. Vecinos de la zona de Villa Rosa, donde se ubica la quinta, fueron los primeros en denunciar irregularidades, señalando el helipuerto y el asfaltado exclusivo como indicios de privilegios indebidos.

Próximos pasos

Las autoridades continúan profundizando en la investigación para determinar el origen de los recursos utilizados y si existen nexos con otros casos de corrupción en la AFA. El proceso judicial aun está en fase preliminar, pero la medida de prohibir la salida del país y congelar activos representa un contundente mensaje de control y fiscalización.

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