El cardenal Baltazar Porras, líder de la Iglesia Católica en Venezuela, vio frustrado su viaje a Bogotá después de que el gobierno de Nicolás Maduro le retuviera el pasaporte y, a su vez, le amenazara con una detención arbitraria. La medida se produce en el contexto de una ola de represión contra opositores tras el Premio Nobel a Corina Machado.

Contexto político y religioso

El cardenal Baltazar Porras, decano de la Conferencia Episcopal Venezolana, ha sido una voz crítica del gobierno de Nicolás Maduro. En Venezuela, el cargo de cardenal representa la máxima autoridad de la Iglesia católica, responsable de orientar a millones de fieles y de ejercer presión moral sobre el poder.

Retención del pasaporte y cancelación del vuelo

En la madrugada del 10 de diciembre de 2025, las autoridades del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas incautaron el pasaporte del cardenal, documento indispensable para su viaje a Bogotá, donde haría escala para dirigirse a España. La retención se comunicó oficialmente como una " medida administrativa", pero el cardenal denunció que se le impidió viajar sin una justificación legal clara.

Amenaza de detención

Según testimonios de testigos presentes en el aeropuerto, funcionarios vinculados al Ministerio del Interior le indicaron al cardenal que, de intentar salir del país, podría ser arrestado bajo cargos de "amenaza a la seguridad del Estado". La amenaza se produce después de que Maduro, en una declaración pública, afirmara que cualquier figura que apoye a la oposición será tratada con la "máxima severidad".

Vínculo con el Nobel a Corina Machado

El episodio coincide con la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositoria Corina Machado, cuyo reconocimiento internacional ha intensificado la represión contra líderes críticos. La Gaceta informó que, tras el Nobel, el gobierno ha incrementado el control sobre figuras religiosas y activistas, utilizando el sistema de pasaportes como herramienta de coerción.

Reacciones internacionales

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, condenaron la medida como una violación de la libertad de tránsito y de expresión religiosa. La Santa Sede, a través del nuncio apostólico, solicitó al gobierno venezolano una explicación y el restablecimiento de los derechos del cardenal.

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