El Poder Ejecutivo anunció que interpondrá recurso de apelación contra la sentencia judicial que ordenó la puesta en marcha inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y anuló el decreto de la administración Milei, generando un intenso debate sobre derechos, finanzas públicas y política social.

Contexto judicial

Una cámara federal de la Justicia argentina dictó un fallo que obliga al Gobierno a aplicar de forma inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada en 2021, y a anular el decreto de emergencia económica dictado por el presidente Javier Milei en 2024, el cual pretendía excluir a este sector de los recursos extraordinarios.

Respuesta del Ejecutivo

El Ministerio de Economía, a través de su portavoz, confirmó que se presentará un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la medida. El gobierno argumenta que la aplicación de la ley sin una asignación presupuestaria previa comprometería la sostenibilidad fiscal y afectaría la ejecución de otras prioridades de gasto.

Reacciones de la sociedad civil

Organizaciones de personas con discapacidad, lideradas por la Confederación Argentina de Personas con Discapacidad (CAPD), calificaron la decisión judicial como una victoria histórica para los derechos humanos y denunciaron que el sector ha sido “víctima del gobierno”. Por su parte, el gobierno sostuvo que la medida es “irrealizable” dado el actual déficit fiscal.

Implicancias económicas

Según la Oficina Nacional de Presupuesto, la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad requeriría un financiamiento adicional estimado entre 30.000 y 45.000 millones de pesos anuales. El Ejecutivo aseguró que, mientras se resuelve el litigio, no se dispondrá de partidas específicas para este rubro, lo que mantiene la incertidumbre sobre la ejecución de los programas de asistencia.

Próximos pasos

El recurso de apelación será revisado por la Corte Suprema en los próximos días. Mientras tanto, la CAPD y otras entidades continuarán presionando para que se garantice el acceso a los recursos previstos por la ley, mientras el gobierno evalúa alternativas presupuestarias.

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