Antecedentes del caso

El juez federal Martin Poderti, magistrado de la sede de Mar del Plata, fue señalado por la defensa de un imputado de robo que le habría sustraído 144 monedas de oro del fisco judicial. Las monedas, de valor histórico y económico, forman parte del patrimonio del estado y su sustracción constituye un delito grave.

Investigación y acusaciones

El presunto delito fue denunciado durante el curso del proceso penal, y una comisión de investigación del Consejo de la Magistratura confirmó la existencia de pruebas documentales y testimoniales que vinculan a Poderti con la pérdida de las monedas. La acusación sostiene que el juez habría utilizado su posición para acceder al depósito donde se guardaban los lingotes y, sin autorización, se los llevó consigo.

Juicio político y destitución

El Consejo de la Magistratura, órgano constitucional encargado de la selección y remoción de jueces, convocó una audiencia pública en la que se analizó el expediente. Tras el trámite de "juicio político", la mayoría de sus miembros votó a favor de la destitución del magistrado, lo que implica la anulación de su nombramiento y la prohibición de ejercer funciones judiciales en el futuro.

Repercusiones institucionales

El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en el Poder Judicial y de garantizar la transparencia en la gestión de bienes del Estado. Organizaciones de la sociedad civil y la oposición política han pedido una revisión exhaustiva de los protocolos de custodia de activos públicos.

Defensa del juez

El propio Poderti ha negado los cargos, alegando que se trata de una acusación infundada destinada a desacreditar su carrera. Su defensa presentó recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando violaciones al debido proceso.