04/08/2026 04:27 - General
Según informaron diversos medios el 29 de julio de 2026, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz habría emitido una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, en un paso fundamental hacia la clarificación de los graves hechos que paralizaron al país.
El documento, firmado por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, instruiría a la Policía a aprehender y trasladar a Morales a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción. La investigación se habría abierto tras denuncias del Comité Cívico Pro Santa Cruz (representado por Stello Cochamanidis Garcés) y el Ministerio de Gobierno (a cargo de Marco Antonio Oviedo Huerta).
Según los reportes, la causa se centraría en seis presuntos delitos:
Las movilizaciones se desarrollarían entre mayo y junio de 2026, extendiéndose por 53 días. Durante este período, sectores afines a Morales instalaron más de 100 puntos de bloqueo en regiones como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Afortunadamente, tras el decreto de estado de excepción el 20 de junio, el gobierno habría logrado restablecer la circulación y iniciar el camino hacia la normalidad. Sin embargo, las consecuencias de los cortes dejaron un saldo doloroso que la justicia ahora busca esclarecer.
Junto al exmandatario, la orden alcanzaría a Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), y a Vicente Salazar, líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari. Salazar permanecería detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro desde el 6 de julio.
Por su parte, Morales se mantendría resguardado en el Trópico de Cochabamba (El Chapare), su principal bastión político, amparado por seguidores desde octubre de 2024. Recientemente, un video viral habría mostrado al expresidente cruzando un control policial sin ser detenido, lo que generaría un proceso disciplinario contra los agentes.
Tras conocerse la orden, Morales habría rechazado las acusaciones a través de su cuenta de X, denunciando una supuesta persecución política y responsabilizando al gobierno de la crisis económica. El exmandatario negó haber promovido la renuncia de Paz.
Además de esta causa, Morales enfrenta otra investigación por presunta trata agravada de personas por una supuesta relación con una menor de edad durante su mandato. En mayo, un tribunal de Tarija lo habría declarado en rebeldía, emitiendo una orden de captura que aún permanecería pendiente de ejecución.
La emisión de esta orden representa un avance esperanzador hacia el Estado de Derecho en Bolivia, brindando la posibilidad de justicia a las víctimas y sus familias.
Alfredo S. Quiroga
