El 4 de diciembre de 2025 la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó una nueva norma que habilita al gobernador Axel Kicillof a emitir títulos de deuda. La medida, impulsada para financiar obras de infraestructura y programas sociales, desató un intenso debate entre los partidos opositores y el gobierno nacional, que ya advirtió que no respaldará el endeudamiento provincial.
El bloque opositor PRO declaró que no acompañará una fracción del pedido de financiamiento presentado por el gobernador Axel Kicillof, generando una nueva tensión en la Legislatura de Buenos Aires mientras se debate la autorización de la deuda en medio de la presión de La Cámpora y la oposición provincial.
En los últimos días, el PRO decidió no participar en la votación del ambicioso plan de endeudamiento impulsado por el gobernador Axel Kicillof. La postura de la fuerza oposicionista pone en evidencia la creciente tensión política en la provincia, mientras Kicillof sigue presionando para obtener hasta 350.000 millones de pesos para los intendentes.
Tras intensas negociaciones, la Asamblea Legislativa de la Provincia de Buenos Aires alcanzó la última fase de la “rosca” y estableció la distribución de los principales cargos de la Cámara de Diputados. El acuerdo, que involucra a los bloques mayoritarios, será ratificado en la próxima sesión plenaria.
El presidente Alberto Massa tomó la palabra en la última sesión de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, luego de que la iniciativa de endeudamiento impulsada por el gobernador Axel Kicillof volviera a colapsar. La intervención buscó desafiar la creciente crisis fiscal bonaerense y reactivar la autorización de créditos necesarios para financiar la obra pública y los planes sociales.
La Legislatura bonaerense presiona al gobernador Axel Kicillof para abrir la discusión sobre cargos públicos y reelecciones indefinidas. En un contexto de creciente tensión política, el Senado provincial vuelve a sesionar con temas clave en agenda, como pliegos judiciales y endeudamiento. ¿Se priorizarán las necesidades de la provincia o los intereses de poder?