El personal hospitalario de la sede central de San Vicente en Buenos Aires ha mantenido una protesta de más de un día, movilizándose por la vía de la solidaridad y la dignidad, con la intención de llegar al Palacio de los Incas para reclamar la revocación de la cancelación del presupuesto que garantiza su funcionamiento y la continuidad de los servicios de salud.
El inicio del segundo cuatrimestre en las universidades públicas de Argentina se vio frustrado por una medida gremial que obligó a las instituciones a suspender las clases y coordinar protestas nacionales. La acción, impulsada por el sindicato de docentes y trabajadores universitarios, afectó a más de 50 sedes en todo el país, generando paralizaciones, streaming submarino y cancelaciones de eventos académicos.
Los controladores aéreos inician un plan de protestas que amenaza con paralizar los vuelos durante las vacaciones de invierno. La medida, criticada por su impacto en el turismo y la economía, genera incertidumbre entre los viajeros y un llamado a la responsabilidad gremial. Otros gremios también amenazan con sumarse a las acciones, lo que podría agravar la situación.
Estudiantes y docentes universitarios realizan un paro de 48 horas y marchas con antorchas en rechazo a los recortes presupuestarios. Las protestas se extienden a nivel nacional, generando preocupación por el futuro de la educación superior pública. La falta de financiamiento amenaza la calidad de la enseñanza y la investigación en las universidades.
El Gobierno nacional exige la suspensión del paro de 48 horas a los médicos residentes del Hospital Garrahan como condición para presentar una nueva oferta salarial. La medida, criticada por la oposición, se da en medio de la creciente tensión por las demandas salariales del sector salud y el contexto de alta inflación. La situación refleja las dificultades del Gobierno para contener el descontento social.
La paralización de la actividad pesquera en Chubut continúa, generando pérdidas millonarias para el sector y un clima de incertidumbre. El conflicto entre los trabajadores y las empresas, que ya lleva varios días, pone en riesgo la estabilidad económica regional y evidencia la necesidad de soluciones urgentes. Las negociaciones parecen estancadas, lo que aumenta la preocupación por el futuro de la industria pesquera.
La tensión en el Poder Judicial de Córdoba se intensifica con nuevos paros del gremio de judiciales, llevando a propuestas de declarar la emergencia judicial. Mientras tanto, la AGEPJ confirma su participación en la mesa de negociación convocada por el Ministerio de Trabajo, buscando una solución al conflicto que paraliza la actividad judicial. El Colegio de Abogados exige una pronta resolución, alertando sobre el colapso del sistema.