La Cámara Federal envió la investigación sobre la lujosa quinta de Pilar, presuntamente adjudicada a dirigentes de la AFA, al fuero penal económico. La medida se produce en medio de allanamientos que hallaron 54 vehículos de alta gama y del reemplazo del juez Rafecas, generando nuevo revuelo judicial y político en el país.
Traslado al fuero penal económico
En una decisión anunciada el 12 de diciembre de 2025, la Cámara Federal remitió la causa de la quinta de Pilar al fuero penal económico, argumento que la considera una cuestión de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La medida, tomada por la Sala de la Causa Federal, busca que los magistrados especializados en delitos económicos continúen la investigación.
Contexto de la mansión
La propiedad, ubicada en la zona residencial de Pilar, Partido de Buenos Aires, ha sido señalada por el parlamentarismo opositor como un “lujoso patrimonio” de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre los nombres vinculados están el presidente de la AFA, el vicepresidente Chiqui Tapia, y el empresario Pablo Toviggino.
Allanamientos y evidencia
Durante la semana del 9 al 11 de diciembre de 2025 se realizaron varios allanamientos en la quinta y en domicilios asociados. La justicia incautó una flota de 54 vehículos de lujo, entre los que se incluyen modelos de marcas europeas de alta gama, los cuales fueron detenidos como parte de la hipótesis de lavado de activos.
Cambio de juez y reacciones
En paralelo, el juez Rafecas, que llevaba a cabo la causa, fue reemplazado por un nuevo magistrado, lo que generó críticas de la oposición que demanda la reapertura del caso bajo su dirección. Además, se exigió que se investiguen a personajes como Pablo Toviggino y se reconsidere la actuación del actual titular.
Implicancias políticas y deportivas
El caso ha encendido el debate sobre la transparencia en la gestión de la AFA y la posible colusión entre dirigentes del deporte y empresarios vinculados a la política. La medida del fuero penal económico subraya la gravedad de los cargos y la intención del poder judicial de abordar de manera especializada los delitos de alto nivel económico en el ámbito deportivo.