La Asociación de Magistrados cuestionó la reforma laboral presentada por el Gobierno, mientras el Ejecutivo insiste en llevarla al Senado pese a las críticas de la oposición y de jueces que se declararon en alerta. Analistas advierten que la norma no generará empleo y podría profundizar la pérdida de derechos laborales.
Magistrados ponen el foco en la reforma laboral
La Asociación de Magistrados de la Nación expresó su preocupación por el proyecto de reforma laboral que el Gobierno argentino presentó para ser debatido en una sesión extraordinaria del Congreso, prevista para principios de diciembre de 2025. Según la asociación, la iniciativa vulnera principios constitucionales y podría debilitar la independencia judicial al modificar el fuero laboral.
El Gobierno mantiene su postura
Ante las críticas, el Ministerio de Trabajo reiteró que la reforma es necesaria para modernizar el mercado laboral y mejorar la competitividad. El Ejecutivo ha indicado que, independientemente de la oposición, el proyecto se presentará al Senado durante el mismo periodo legislativo.
Opiniones encontradas en la sociedad y el sector judicial
Varios analistas económicos y sindicales advierten que la reforma no creará los puestos de trabajo prometidos y que, al contrario, podría profundizar la pérdida de derechos laborales, como la estabilidad en el empleo y la cobertura de seguros sociales. Por su parte, jueces de primera instancia se plantaron contra la norma y se declararon “en alerta”, señalando riesgos para la correcta administración de justicia en materia laboral.
Un cambio controversial: el fuero laboral y la Ciudad de Buenos Aires
Una de las medidas más polémicas incluye el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales. Críticos consideran que se trata de una estrategia para limitar la influencia de la justicia nacional y favorecer a determinados sectores empresariales.
Próximos pasos
El proyecto de reforma será discutido en el Senado a finales de diciembre de 2025. Mientras tanto, la asociación de magistrados y los sindicatos seguirán evaluando el impacto de la norma y prepararán posibles acciones legales si consideran que la reforma vulnera derechos constitucionales.