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30/12/2025 09:55 • ECONOMIA • ECONOMIA
El 30 de diciembre de 2025, la Resolución 484/2025, emitida por la Secretaría de Energía, abrió una consulta pública no vinculante sobre los valores de las tarifas eléctricas y de gas natural que regirán a partir del 1 de enero de 2026. La diputada Jimena López (Frente Renovador) presentó observaciones formales argumentando que el rediseño "no es un simple reordenamiento de subsidios, sino la instalación de un impuesto encubierto" dentro de la boleta.
Según López, el esquema propuesto incluiría cargos adicionales que superarían el costo real del servicio y que, por su naturaleza, deberían ser discutidos y aprobados por el Congreso. Señala que los usuarios sin subsidio pagarían, en promedio, un 3,4?% más que el costo mayorista, una diferencia que la considera un "recargo encubierto" destinado a financiar infraestructura y programas de eficiencia.
La Secretaría de Energía rechazó la interpretación de la oposición. Aclaró que el 103,4?% citado en el informe técnico de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) no constituye un cargo ni una decisión tarifaria; es una estimación que refleja la histórica subcobertura del sistema eléctrico. El Gobierno asegura que los usuarios N1 y los consumos excedentes no pagarán más del 100?% del costo y que no existen sobrecargos autorizados.
El economista Julián Rojo, del Instituto Argentino de Energía "Gral. Mosconi", explicó que la diferencia entre el precio fijado y el costo real del sistema puede variar, pero esa variación no implica que existan impuestos cruzados. La cobertura tarifaria se mide ex?ante (según estimaciones) y ex?post (según costos reales); los posibles desvíos son parte de la metodología y no de decisiones arbitrarias.
El proyecto de ley propone eliminar la actual clasificación N1, N2, N3 y pasar a un modelo binario:
El subsidio se reducirá gradualmente, iniciando con un adicional del 25?% que será disminuido mes a mes hasta su eliminación, con el objetivo de que para fines de 2026 la demanda cubierta alcance el 85?% del costo total del sistema.
En términos reales, las tarifas deberían bajar, con la excepción de la Oficina de Servicios de Energía (OSE), que presentará un ajuste. Los usuarios que superen los límites de consumo bonificado verán reflejado en sus facturas el costo pleno, independientemente de su categoría de ingreso.
La discusión gira en torno a la transparencia del cálculo tarifario y a la percepción de un posible impuesto encubierto. Mientras la oposición exige mayor control parlamentario, el Ejecutivo insiste en que el nuevo esquema es una normalización gradual y necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema energético.