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Sergio Ziliotto rechaza la reforma laboral y alerta sobre una “reforma tributaria encubierta”

11/01/2026 18:08 • POLITICA • POLITICA

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se opone firmemente a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, argumentando que el proyecto incluye una reducción de ingresos tributarios que impactará entre 20.000 y 35.000 millones de pesos anuales en la provincia, además de beneficiar a las grandes empresas en detrimento de pymes y trabajadores.

Contexto de la reforma laboral

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Toto Caputo presentan un proyecto que busca modificar las alícuotas del artículo 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. La reforma, además de cambiar derechos laborales, incorpora una disminución de la recaudación que repercutirá en la coparticipación federal.

Posición de La Pampa

El gobernador Sergio Ziliotto declaró que la propuesta no deja espacio a la negociación y la calificó como una “reforma tributaria encubierta”. Según el ministro de Hacienda provincial, Guido Bisterfeld, los análisis estiman una pérdida entre $20.000 millones y $35.000 millones al año para La Pampa.

Impacto fiscal estimado

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que el costo fiscal directo representará alrededor del 0,22?% del PBI, traduciéndose en una disminución de ingresos de $20.401 millones. Otros informes, incluyendo los del senador Jorge Capitanich y del diputado Guillermo Michel, sugieren que la pérdida podría alcanzar los $35.000 millones cuando se consideran efectos acumulados.

Repercusiones políticas

Ziliotto lideró el llamado “grupo de los seis” de gobernadores en resistencia y mantuvo conversaciones con el ministro del Interior Diego Santilli, aunque sin modificar su postura. El gobernador advirtió que la reforma afectará la capacidad de la provincia para financiar salud, educación e infraestructura, sobre todo en un contexto de recesión y alta carga social.

Conclusiones

La postura de La Pampa refleja la creciente tensión entre el gobierno nacional y las provincias frente a un proyecto que, según los críticos, sacrifica recursos federales en favor de grandes empresas, sin contrapartidas claras para la producción y el empleo.

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