El decreto de necesidad y urgencia 941/25, firmado el 31 de diciembre, transforma la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en un organismo que extiende su alcance a todos los ministerios, registros y fuerzas de seguridad bajo la lógica del riesgo estratégico nacional y la sospecha preventiva, generando una profunda reconfiguración institucional y presupuestaria.

Un cambio estructural sin precedentes

El DNU 941/25, publicado el 2 de enero de 2026, redefine la función de la SIDE, pasando de un rol marginal a la cabeza del Sistema de Inteligencia Nacional. La norma concentra en la Secretaría la conducción estratégica, el control del presupuesto y la coordinación interagencial, creando dos comunidades obligatorias de información: la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional.

Expansión del ámbito de vigilancia

Con la nueva normativa, la inteligencia se infiltra en ministerios, organismos técnicos y registros administrativos. Todo flujo de datos pasa a considerarse relevante para la gestión del "riesgo estratégico nacional" y es tratado como actividad encubierta. La sospecha preventiva reemplaza al tradicional concepto de enemigo concreto, ampliando la vigilancia a cualquier elemento que pueda generar daño futuro.

Presupuesto y recursos

En los últimos dos años el presupuesto reservado para la SIDE se incrementó en cuatro oportunidades, alcanzando en 2025 la cifra de 107 mil millones de pesos. El DNU no solo legitima esos fondos, sino que los incorpora a la expansión estructural, generando una demanda permanente de tecnología, ciberseguridad e infraestructura de análisis de datos.

Facultades policiales y detenciones

El decreto autoriza a los organismos de inteligencia a "repeler agresiones" y a efectuar "aprehensiones en flagrancia", introduciendo la capacidad de detener personas bajo la excusa del secreto y el riesgo estratégico, algo que desde la vuelta a la democracia había estado expresamente separado de la actividad de inteligencia.

Contrainteligencia y riesgo preventivo

El núcleo del DNU es la ampliación de la contrainteligencia. Ya no se limita al espionaje tradicional, sino que incluye influencias, injerencias y vulnerabilidades técnicas en todo el sector público. La lógica es preventiva: se monitorea antes de que ocurra un daño potencial, sin necesidad de una amenaza comprobada.

Contexto y casos recientes

Dos escándalos ilustran la relevancia del tema: la infiltración de Marcelo Sebastián D’Alessio, que utilizó información reservada para extorsionar a empresarios, y la megafiltración de un terabyte de datos personales de argentinos, que reveló la fragilidad de las bases de datos oficiales.

Implicancias democráticas y económicas

El modelo plantea riesgos de concentración de poder y posible colisión con garantías constitucionales. El Congreso conserva la facultad de rechazar o modificar el decreto, y la Comisión Bicameral de Fiscalización podría ejercer control. Económicamente, la expansión requiere software especializado y servicios de empresas transnacionales, creando una dependencia tecnológica que impacta la soberanía nacional.

Perspectivas y próximos pasos

El Ejecutivo reunirá a su mesa política el 16 de enero para evaluar los votos disponibles y decidir si convocar a sesiones extraordinarias en febrero, lo que determinaría la puesta en marcha del DNU. El debate sigue abierto y la sociedad debe vigilar cómo se traduce en práctica la "sospecha preventiva".