La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió este martes a la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ), negando irregularidades y calificando de desidia el accionar del organismo estatal. El comunicado, firmado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, destaca la entrega de balances 2017?2023 y el correcto cambio de jurisdicción realizado en noviembre?2024.

Respuesta oficial de la AFA

El martes 13 de enero de 2026 la AFA publicó un comunicado titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, en el que el presidente Claudio "Chiqui" Tapia refuta las acusaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ). La entidad asegura haber presentado todos los balances correspondientes a los ejercicios 2017?2023 dentro del plazo y haber respondido la única observación formal que le fue notificada.

Acusaciones de la IGJ

Según el informe del inspector Daniel Roque Vítolo, la IGJ solicita aclaraciones sobre partidas globales que superan los USD?450?millones acumuladas en los últimos ocho años, considerando que no habría recibido respuesta adecuada. Vítolo advirtió que, de no obtener respuesta antes del 20 de enero de 2026, se propondrá al Ministerio de Justicia la designación de un veedor contable para inspeccionar los libros de la AFA y la Liga Profesional.

Argumentos de la AFA

La AFA sostiene que el cambio de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires, aprobado en Asamblea y fiscalizado por veedores de la IGJ, fue inscrito oficialmente en noviembre de 2024. La entidad afirma que la IGJ participó en todo el proceso, emitió los certificados de vigencia y domicilio entre 2017 y 2024 y nunca objetó el traslado.

Además, la AFA denuncia demoras de hasta tres años por parte de la IGJ para analizar los expedientes, resaltando irregularidades como expedientes sin foliar o con hojas marcadas como “No foliar”. Según la asociación, la IGJ busca “construir un relato ficticio” y utiliza el espacio mediático para ejercer presión política.

Situación actual y próximos pasos

La AFA mantiene que está bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y que la IGJ sólo puede intervenir en trámites iniciados antes del cambio de jurisdicción. La entidad reitera su disposición a colaborar, pero rechaza la necesidad de un veedor externo y califica las imputaciones públicas como carentes de respaldo documental.

El conflicto pone en relieve la tensión entre la gestión del fútbol argentino y los organismos de control estatal, en un momento donde la transparencia financiera es tema central en la agenda pública.