El presidente Javier Milei impulsó un Decreto de Necesidad y Urgencia que altera la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia. El penalista Alberto Binder advierte que estos cambios revierten consensos democráticos y colocan al Estado en una modalidad de “administra­ción de ilegalidades”.

Un DNU que redefine la seguridad del país

El 13 de enero de 2026 el gobierno de Javier Milei promulgó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma profundamente el sistema de inteligencia y modifica tres leyes consideradas pilares de la recuperación democrática: la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia.

¿Qué cambios concretos introduce?

• Defensa Nacional: se abandona la conducción civil de las fuerzas armadas y se transfiere a una conducción mayoritariamente militar.
• Seguridad Interior: se reconfiguran las competencias de las fuerzas de seguridad, ampliando atribuciones que antes estaban reservadas al ámbito policial tradicional.
• Inteligencia: el decreto otorga a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) facultades históricamente prohibidas, como la detención sin control judicial y la posibilidad de operar como una “policía secreta”.

La visión de Alberto Binder

El penalista y presidente del Instituto de Estudios Sociales y Penales (Inecip), Alberto Binder, describió el movimiento como una “re?armación del submundo de la inteligencia”. Según él, el modelo adoptado reproduce el llamado modelo menemista, inspirado en la figura del ex agente de contrainteligencia Jaime Stiuso, que durante los años 90 convirtió a la SIDE en un actor clave de la investigación criminal.

Binder señaló que la reforma sustituye el enfoque tradicional de la inteligencia –centrado en análisis y alertas tempranas para la toma de decisiones estratégicas– por una metodología policial orientada a la contra?inteligencia y a la persecución de sospechosos, sin la necesaria supervisión judicial.

Implicancias para la democracia

El especialista advierte que estas modificaciones pueden generar detenciones arbitrarias, persecución de medios y una “policía secreta” sin los controles constitucionales habituales. Además, indica que la Corte Suprema, aunque tiene la facultad de anular el DNU, hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto.

Contexto histórico

El modelo de contra?inteligencia que se restablece tiene raíces en la década de 1990, cuando la SIDE, bajo la dirección de Hugo Anzorreguy, amplió sus competencias investigativas. Posteriormente, bajo gobiernos kirchneristas, el modelo se mantuvo sin una reforma estructural, lo que, según Binder, impidió la implementación de un sistema acusatorio y de un FBI nacional.

El DNU también afecta la relación entre la inteligencia y el Ministerio de Defensa, trasladando competencias que antes estaban bajo la jurisdicción civil a un control más militarizado, lo que agrava la percepción de una “guerra híbrida” en la que la tecnología y el ciberespacio son componentes críticos.

En palabras de Binder, el verdadero desafío es construir un sistema de inteligencia que provea información de calidad para la toma de decisiones estratégicas, sin convertirse en una herramienta de represión.

Fuente: La Política Online