Antecedentes del caso

El Tribunal de la Corona de Gloucester dictó sentencia el 21 de enero de 2026, condenando a Amanda Wixon, de 56 años y madre de diez hijos, por una serie de delitos vinculados a la esclavitud moderna. La víctima, cuya identidad permanece bajo reserva, llegó a la casa de la acusada cuando tenía 16 años, en 1996, y vivió allí bajo un régimen de control absoluto hasta marzo de 2021.

Qué constituye la esclavitud moderna

Según la legislación británica, la esclavitud moderna incluye cualquier forma de trabajo forzado, servitud por deudas o tráfico de personas. En este caso se tipificó como trabajo forzado u obligatorio, encarcelamiento falso y agresión.

Detalle de los abusos

• Trabajo doméstico 12?14?horas diarias bajo amenaza de violencia física.
• Privación de comida: la víctima solo podía comer una vez al día, generalmente restos.
• Violencia física recurrente: golpes con palo, estrangulamiento, inmersión de la cabeza en el inodoro y uso de productos de limpieza tóxicos.
• Negación de atención médica y dental durante más de 20 años.
• Aislamiento total: sin registros escolares, médicos ni dentales desde finales de los años 90.

Descubrimiento y rescate

En marzo de 2021, uno de los hijos de Wixon alertó a la policía por sospechas sobre el bienestar de la mujer. Al llegar al domicilio, los agentes hallaron a la víctima demacrada, con signos evidentes de desnutrición, lesiones antiguas y una profunda ansiedad.

Procedimientos judiciales

El jurado consideró culpable a Wixon de:

• Dos cargos de trabajo forzado u obligatorio.
• Un cargo de encarcelamiento falso.
• Tres cargos de agresión.

La sentencia definitiva está prevista para el 12 de marzo de 2026, y la acusada permanece en libertad bajo fianza mientras se determina la pena.

Situación actual de la víctima

Desde su rescate, la mujer vive con una familia de acogida, recibe apoyo psicológico y ha comenzado a recuperarse físicamente: ha ganado peso, retomado estudios y realizado su primer viaje al extranjero.

Repercusiones y debate público

El caso ha reavivado el debate sobre la detección temprana de la esclavitud doméstica y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para personas vulnerables, especialmente adolescentes con dificultades de aprendizaje.

Fuente: La Razón