El miércoles 28 de enero de 2026, un equipo de abogados presentó un habeas corpus preventivo en el Juzgado Federal de Paraná, pidiendo la nulidad del DNU 941/2025 que amplía al máximo los poderes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La petición busca suspender la posibilidad de que la agencia detenga a cualquier ciudadano sin orden judicial, argumentando una grave vulneración constitucional.

Antecedentes y contexto

El DNU 941/2025, firmado por el presidente Javier?Milei, modifica la Ley de Inteligencia Nacional y otorga a la SIDE la facultad de detener a cualquier persona sin autorización judicial, además de exigir a los altos funcionarios públicos la aplicación de medidas de contra?inteligencia e intercambio de información, bajo la figura de “carácter encubierto”.

El habeas corpus presentado

En la sala del Juzgado Federal de Paraná, bajo la presidencia del juez Daniel Alonso, los abogados Rubén?Pagliotto, Raymundo?Kisser y el constitucionalista Armando?Aquino?Britos interponieron un habeas corpus preventivo y de acción colectiva. La medida solicita la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad del decreto y una medida cautelar urgente para suspender sus efectos.

Fundamentos de la impugnación

Los profesionales argumentan que el DNU vulnera varios principios constitucionales:

• El derecho a la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente.
• El principio de presunción de inocencia, al permitir detenciones sin la garantía judicial previa.
• La competencia exclusiva del Poder Judicial para autorizar detenciones, prohibida a una agencia de inteligencia.

Según los abogados, la normativa crea una “amenaza concreta, posible y real” para la ciudadanía, pues autoriza a la SIDE a demorar o incluso secuestrar a cualquier persona bajo el pretexto de actividades de inteligencia o contra?inteligencia.

Petición de habilitación de la feria judicial

Adicionalmente, los solicitantes pidieron la habilitación de la feria judicial, una medida que permite la ejecución inmediata de decisiones judiciales ante la urgencia del caso.

Implicaciones y reacción

El caso abre un debate profundo sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos civiles en Argentina, poniendo a prueba los límites del Poder Ejecutivo frente al marco constitucional. La decisión del tribunal será observada de cerca por organizaciones de derechos humanos, la comunidad jurídica y la opinión pública.

Fuente: Página Política

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