Contexto y datos claves

El proyecto impulsado por el gobierno de Javier?Milei buscaba endurecer el régimen penal juvenil, permitiendo que adolescentes de 14 y 15 años sean procesados penalmente y, en caso de responsabilidad, reciban penas de hasta 15 años de privación de libertad. La votación final en la Cámara de Diputados quedó en 149 votos afirmativos y 100 negativos, superando la mayoría requerida para la media sanción.

Hasta ahora, la legislación argentina establecía que menores de 16 años no podían ser juzgados; entre 16 y 18 solo podían ser procesados en casos de delitos graves de acción pública o con penas superiores a dos años. La reforma rompe con esa norma y amplía la capacidad de sanción a jóvenes de 14 años.

Motivaciones del cambio

El debate estuvo marcado por casos de alta exposición mediática, como el asesinato de Jeremías?Monzón, de 15 años, ocurrido en diciembre de 2025 en Santa?Fe. La madre del menor participó activamente en la defensa de la reforma, acompañando la sesión del Congreso.

Según el Ministerio de Seguridad, la tasa nacional de homicidios en 2025 descendió a 3,7 por 100.000 habitantes, el nivel más bajo de América Latina y el Caribe. No obstante, la percepción de inseguridad sigue alta: encuestas indican que entre el 60?% y el 80?% de la población apoya medidas como la bajada de la edad de imputabilidad.

Reacciones políticas y sociales

El proyecto recibió apoyo de dirigentes del PRO, la UCR y varios sectores del oficialismo, tras negociaciones que redujeron la edad propuesta inicialmente a 13 años. En el debate se escucharon voces como la de la diputada Patricia?Bullrich, que resaltó la necesidad de que "delito de adulto, pena de adulto" se aplique también a adolescentes.

Por otro lado, partidos de la izquierda y representantes de la Iglesia católica condenaron la reforma, calificándola de "oportunismo electoral" y pidiendo priorizar políticas de salud mental y educación. El obispo de la Arquidiócesis de Buenos?Aires, en un comunicado, argumentó que la medida carece de sustento técnico y no aborda las causas estructurales de la violencia juvenil.

Varias diputadas, entre ellas Sandra?De?Luna (Unión?por?la?Patria) y María?Elena?Velázquez, advirtieron que la medida podría generar un "efecto placebo" sin los recursos necesarios para una reinserción efectiva.

Implicancias prácticas

En caso de aprobación en el Senado, la legislación permitirá que menores de 14 y 15 años que cometan delitos graves sean juzgados en tribunales ordinarios, con la posibilidad de cumplir penas en centros especializados para menores. La propuesta inicial preveía penas máximas de 20 años, pero fue reducida a 15 años tras el proceso de negociación.

El informe de la Corte Suprema señaló que en el primer semestre de 2025 se iniciaron 945 causas penales contra niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, siendo la mayoría varones de 16 y 17 años y 80?% de los delitos contra la propiedad.

Próximos pasos

Con la media sanción ya obtenida, el proyecto pasa al Senado, donde deberá obtener una mayoría simple para pasar a la sanción presidencial. El debate continúa en la esfera pública, con organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y la sociedad civil siguiendo de cerca la evolución de la reforma.

Fuente: El?País