El proyecto introduce un cambio estructural en el cálculo para despidos sin causa. A partir de esta normativa, solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo explícitamente conceptos como el aguinaldo, vacaciones, premios y pagos no mensuales. Se establece un esquema de actualización basado en el IPC más un 3% anual.

Para reducir el impacto financiero de los litigios, la ley habilita el pago escalonado de condenas. Las grandes empresas podrán cancelar deudas en hasta 6 cuotas mensuales, mientras que las MiPyMEs y empleadores individuales contarán con un beneficio mayor de hasta 12 cuotas mensuales.

Se crea un sistema obligatorio para cubrir costos de desvinculación. Las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones y las MiPyMEs el 2,5%. El Poder Ejecutivo podrá incrementar estos porcentajes hasta 1,5% y 3% respectivamente con aprobación de la Comisión Bicameral.

Se mantiene el período de otorgamiento entre octubre y abril, pero se permite pactar disfrutarlas fuera de esa fecha. Se habilita el fraccionamiento en segmentos mínimos de siete días consecutivos, brindando mayor flexibilidad tanto a empleadores como a trabajadores.

El plazo general se extiende a seis meses para la mayoría de los trabajadores. Las empresas con hasta cinco empleados podrán extenderlo hasta ocho meses. Durante este tiempo, la relación puede extinguirse sin indemnización, aunque el empleador debe registrar el vínculo y realizar aportes desde el primer día.

Se habilita mediante acuerdos escritos para compensar horas extraordinarias con francos o menor jornada. Debe respetar el tope semanal legal, con un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.

Los acuerdos por empresa estarán por encima de los convenios sectoriales tradicionales. Se limita el derecho a huelga: se exigirá mantener al menos el 75% del servicio en telecomunicaciones, comercio, educación (excepto universidades), aeronáutica y servicios portuarios. Para fuerzas de seguridad, la huelga queda prohibida.

Para enfermedades por conducta voluntaria (ej: lesiones deportivas), se fija compensación del 50% del salario entre 3 y 6 meses. Para enfermedades no voluntarias, el pago será del 75% del salario básico durante los mismos plazos. Las recáídas por enfermedades crónicas solo se renovarán si pasan más de 2 años entre episodios.

Los aportes patronales a cámaras empresariales no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones. Para asociaciones de trabajadores, el aporte máximo será del 2%. Se mantiene el 6% para obras sociales. Se eliminó el artículo que permitía retener cuotas de afiliación sin conformidad expresa.

El registro laboral ante ARCA será suficiente. Los libros laborales podrán digitalizarse con validez legal y deberán conservarse por 10 años. El pago de salarios será exclusivamente por vía bancaria, descartándose las billeteras virtuales.