En su presentación previa, Sergio Schoklender rechazó las imputaciones y apuntó contra la estructura política de la época. Según su declaración, la Fundación Madres de Plaza de Mayo operaba como un “aparato militante del kirchnerismo” por orden de la fallecida líder Hebe de Bonafini.

Schoklender sostuvo que los recursos recibidos se utilizaban para movilizar personas a eventos políticos y negó haber solicitado redeterminaciones de precios, una práctica común en la obra pública de ese período. Afirmó que su calidad de vida, lejos de mejorar, “se deterioró” durante la gestión del programa. En esta nueva instancia, se espera que profundice su descargo y, según los títulos de fuentes vinculadas, podría volver a señalar a funcionarios de la época.

La etapa testimonial dejó pruebas contundentes sobre las irregularidades del programa. Las hermanas Irma y Adela Pacheco, representantes de la asociación civil Esperanza de un Cambio, denunciaron que sus firmas fueron falsificadas en documentos para justificar ampliaciones presupuestarias.

Por otro lado, proveedores como Emiliano Capobianco y Alfredo García relataron cómo la Fundación pagaba con cheques que luego eran rechazados. García detalló que recibió 20 cheques de $5.000 cada uno que nunca pudo cobrar. El ingeniero Francisco Guzmán, perito de la Corte Suprema, certificó que muchas viviendas no reunían condiciones mínimas, citando un caso en Bariloche donde una familia carecía de servicios básicos.