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06/01/2026 03:06 • POLITICA • POLITICA
El pasado 3 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses ejecutaron una incursión nocturna en Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia?Flores. Ambos fueron trasladados a la capital norteamericana, donde hoy se encuentran detenidos en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a la pareja de integrar una conspiración de narcoterrorismo con alcance internacional: tráfico de cocaína, financiación de grupos armados como la FARC y la supuesta creación del "Cartel de los Soles". Si se llega a probar, los cargos pueden conllevar largas penas de prisión.
El derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza salvo en dos supuestos claros: (1) autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y (2) legítima defensa frente a un ataque armado inminente. En este caso, ninguno de los dos elementos fue invocado ni aprobado por la ONU.
El presidente Donald Trump y sus colaboradores insistieron en que la operación es una cuestión de “aplicación de la ley” y no un acto de guerra. La fiscal general Pam?Bondi declaró en X que “Maduro y su esposa pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense”. Además, se citó la Ley de Poderes de Guerra, que permite al presidente iniciar acciones militares de hasta 60 días sin previa autorización del Congreso, siempre que se notifique en 48?horas.
Especialistas como Jeremy?Paul (Universidad Northeastern) y Marc?Weller (Chatham House) sostienen que la justificación legal es insuficiente. Argumentan que el narcotráfico es un delito penal, no un conflicto armado que justifique una intervención militar bajo el derecho internacional.
Algunos analistas comparan la captura de Maduro con la destitución del dictador panameño Manuel?Noriega, quien fue arrestado en 1989 y llevado a EE.UU. para ser juzgado por narcotráfico. Sin embargo, en el caso norieguense existió un mandato del Congreso y el contexto de la Guerra Fría, mientras que la operación venezolana careció de aprobación legislativa y de una transición política prevista.
El próximo paso será el juicio ante un tribunal federal de Nueva York. Según la doctrina Ker?Frisbie, la procedencia del proceso no depende del modo en que el acusado fue puesto bajo custodia, siempre que no haya torturas ni violaciones de derechos humanos.
Si EE.UU. no enfrenta consecuencias por la operación, podría debilitar la autoridad de la ONU y sentar un precedente que otros países podrían seguir en conflictos latentes.