14/01/2026 15:11 - Politica
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, a través de una resolución firmada el 30 de diciembre de 2025, aprobó aumentos escalonados entre el 38?% y el 42?% que se aplicarán hasta octubre de 2026. Según los cálculos oficiales, los salarios de los vocales pasarán de valores comprendidos entre 11 y 16 millones de pesos en diciembre de 2025 a entre 17 y casi 24 millones de pesos en octubre de 2026, lo que implica un incremento acumulado de hasta 7 millones de pesos por magistrado.
Los jueces que suscribieron el documento fueron Renée Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. El quinto integrante, el magistrado Daniel Mariani, no firmó la medida. Además, los cuatro vocales designados recientemente por el Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial no participaron en la votación, pues el 18 de diciembre declararon inconstitucional la ley que amplió el TSJ de cinco a nueve miembros, decisión que está pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En los fundamentos del TSJ se argumenta que el aumento responde a criterios de “equidad” y “razonabilidad”, alegando que los salarios judiciales no pueden alejarse de forma “grosera” de los que perciben magistrados de otras provincias y del orden federal. Se citan fallos de la Corte Suprema sobre la intangibilidad salarial y la independencia del Poder Judicial, y se menciona que la medida está contemplada en el anteproyecto de Presupuesto General 2026 elaborado por el propio Poder Judicial.
El gobernador Claudio Vidal y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Cruz repudiaron la resolución. La ATE la calificó como un “salariazo auto otorgado”, señalando que los incrementos —cerca del 50?% anual— se decidieron sin debate público, sin control y en la situación de vulnerabilidad social que atraviesa la provincia. El sindicato también denunció que los magistrados no tributan el Impuesto a las Ganancias y que la justicia se muestra “enquistada” y alejada de la realidad del pueblo.
La ATE solicitó al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo provincial que no autoricen ni ejecuten las partidas presupuestarias destinadas a financiar este aumento. En su comunicado, el sindicato pidió priorizar la recomposición salarial de los trabajadores estatales y garantizar servicios públicos de calidad.
El conflicto se inserta en una etapa de tensión entre los poderes del Estado en Santa Cruz. La ampliación del TSJ de cinco a nueve miembros sigue sin resolverse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que genera incertidumbre institucional y alimenta la polémica sobre la autonomía y la rendición de cuentas del Poder Judicial provincial.
Esta discusión sobre los sueldos judiciales se suma a la creciente presión social por mayor transparencia y equidad en el manejo de los recursos públicos en la provincia.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones