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18/01/2026 14:06 • POLITICA • POLITICA
En su cuenta de X, el diputado nacional y presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel?Pichetto, denunció que la reciente autorización para la llegada de 7?000 autos de origen chino “destruye el trabajo argentino”. Citó al expresidente de EE.?UU., Donald?Trump, diciendo: “Hay que frenar a China”. Pichetto sostuvo que la medida implica una “pérdida de dólares” y que la industria local no puede competir contra una industria supuestamente subsidiada por el Banco Central chino.
El ministro de Economía, Luis?Caputo, respondió en la misma red social que la importación de autos híbridos y eléctricos fue acordada con la propia industria automotriz. Explicó que el objetivo es ampliar la variedad de modelos, ofrecer tecnologías más limpias y reducir los costos de mantenimiento para los consumidores.
Caputo precisó que el programa contempla un límite de 50?000 unidades al año, de las cuales la mitad pueden provenir de China. Según datos oficiales, esos vehículos representaron apenas el 5?% de los patentamientos en 2025.
El ministro recordó que la industria nacional produce actualmente solo dos automóviles de pasajeros (Peugeot?2008 y Fiat?Cronos); la mayor parte de la producción se concentra en camionetas, de las cuales 70?% se destinan a la exportación. Según la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), en 2025 se registró una caída del 3,1?% en la fabricación de unidades y del 10,8?% en exportaciones.
La importación consiste en la compra de bienes producidos en el exterior para su venta interna. En el caso de los autos, el objetivo es generar mayor competencia y, de acuerdo con la teoría económica, lograr precios más bajos al aumentar la oferta sin reducir la demanda. El debate gira en torno a equilibrar los beneficios para los consumidores con la protección de la producción nacional.
El conflicto entre Pichetto y Caputo evidencia la tensión entre la defensa de la industria local y la búsqueda de mayor variedad y precios accesibles para los argentinos. Mientras el gobierno apoya la medida como parte de una estrategia de transición hacia la movilidad eléctrica, los críticos alertan sobre los riesgos de empleo y la dependencia de importaciones. El tema seguirá en el centro del debate económico y político del país.