21/05/2026 21:11 - Politica
En medio de una creciente tensión entre el Gobierno nacional y las casas de alto estudio, el sistema universitario argentino se prepara para una nueva jornada de paralizaciones. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, intensificaron su reclamo exigiendo el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento y la reapertura urgente de la mesa paritaria salarial.
Tras la masiva marcha federal del pasado 12 de mayo, y ante la falta de respuestas oficiales, los gremios confirmaron un endurecimiento de las medidas. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a un paro total de actividades que se extenderá desde el martes 26 hasta el sábado 30 de mayo.
Por su parte, el gremio nodocente FATUN anunció movilizaciones y paros para los días 29 de mayo, 3 y 4 de junio en todas las universidades nacionales del país. La adhesión será amplia en instituciones clave como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Córdoba (UNC), Rosario (UNR) y Tucumán (UNT), entre otras.
La situación ha derivado en un escenario crítico para la continuidad pedagógica. En lo que va del año, se acumulan cerca de 20 días de clases perdidas, sumando los paros docentes y no docentes. El panorama es particularmente dramático en la UBA, donde algunas carreras como Ciencia de Datos y Ciencias de la Computación aún no han comenzado el ciclo lectivo debido a la crisis salarial, afectando a unos 3.000 estudiantes avanzados y cientos de ingresantes del CBC.
Un capítulo aparte merece la situación de los hospitales universitarios. Según denunciaron los rectores, el Gobierno no ha girado aún cuota alguna de los fondos previstos para 2026. El Ministerio de Capital Humano solicitó a los directores de estas instituciones que envíen sus necesidades presupuestarias para distribuir una partida de $79.000 millones. Sin embargo, desde la UBA advirtieron que la porción que les correspondería asciende a casi $75.372 millones, lo que dejaría apenas $4.391 millones para el resto de los hospitales del país.
Existe una medida cautelar activa contra el Estado por el incumplimiento de la ley, cuya resolución final depende de la Corte Suprema de Justicia. Si el fallo es en contra del Gobierno, el Ejecutivo debería desembolsar aproximadamente $2,5 billones. El oficialismo habría propuesto una salida negociada que implicaría retirar esta demanda judicial a cambio de ciertas transferencias de fondos, una oferta que las universidades aún evalúan con cautela.
Alfredo S. Quiroga
