Confirmación de la condena por la Corte Suprema

En octubre de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia de cuatro años de prisión impuesta a Julio De Vido por su participación en los hechos derivados de la tragedia del Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra la plataforma del terminal, dejando 51 fallecidos y cientos de heridos.

Motivos de la condena

De Vido fue hallado culpable de asociación ilícita y lavado de dinero en el marco de la investigación sobre la adjudicación irregular de obras y servicios de mantenimiento ferroviario que culminaron en el desastre. La sentencia original, dictada en 2022, había sido objeto de recursos de apelación que mantenían al ex ministro libre bajo fianza.

Orden de detención y regreso a la cárcel

Con la ratificación definitiva, el tribunal ordenó la ejecución inmediata de la pena. Las autoridades judiciales ya notificaron a De Vido y a su defensa que debe presentarse en el penal de Marcos Paz, donde cumplirá su condena. Se prevé que el ex superministro sea ingresado en el complejo penitenciario en los próximos días.

Repercusiones políticas y sociales

El caso refuerza la percepción de que la justicia argentina avanza en la persecución de altos funcionarios vinculados a la corrupción. La medida ha sido sancionada tanto por organismos de derechos humanos como por la oposición, que la califican de "justicia tardía pero necesaria".

Antecedentes de Julio De Vido

Julio De Vido ocupó el cargo de ministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Durante su gestión fue una figura clave en la dirección de la política de obras públicas y la gestión de los recursos del Estado.

Su caída judicial constituye uno de los procesos más emblemáticos de la última década, que ha visto a varios ex mandatarios y funcionarios de alto nivel enfrentar cargos penales por presuntos actos de corrupción.

Próximos pasos

De Vido podrá interponer recursos de amparo ante la Corte Suprema, aunque dichas vías suelen ser excepcionales. Mientras tanto, la administración penitenciaria se prepara para su ingreso, y la opinión pública sigue atenta a los posibles efectos sobre la agenda de lucha contra la corrupción en Argentina.