Tras 35 días de paralización, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que restablece la financiación federal y pone fin al cierre gubernamental más extenso de la historia, permitiendo la reapertura de agencias y la reactivación de programas como SNAP.

Contexto del cierre de gobierno

El cierre gubernamental que comenzó el 22 de diciembre de 2022 y se extendió hasta el 25 de enero de 2023 marcó el período de interrupción más largo de la historia de EE.UU., con 35 días sin financiamiento federal. Durante ese tiempo, cientos de miles de empleados federales fueron enviados a hogares sin sueldo, y servicios esenciales como la seguridad nacional, la protección del medio ambiente y los beneficios de asistencia alimentaria se vieron afectados.

La legislación que pone fin al impasse

El 25 de enero de 2023 el Congreso aprobó de forma bipartidista una medida de continuidad de fondos conocida oficialmente como "Continuing Resolution Act". La legislación fue firmada por el presidente en ejercicio, Joe Biden, quien restauró la financiación de todas las agencias federales y autorizó la reanudación de programas críticos. La ley incluye disposiciones para restablecer el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que había sido suspendido durante gran parte del cierre.

Impacto inmediato

Con la firma de la ley, los empleados federales comenzaron a regresar a sus puestos de trabajo, los aeropuertos reanudaron operaciones normales, y los ciudadanos volvieron a acceder a servicios como la emisión de pasaportes y la tramitación de beneficios de desempleo. El programa SNAP, que brinda ayudas alimentarias a millones de familias, se reactivó, mitigando el riesgo de inseguridad alimentaria que se había intensificado durante el cierre.

Repercusiones políticas

El episodio reforzó la urgencia de encontrar soluciones presupuestarias a largo plazo y puso de relieve la creciente polarización en el Congreso. Analistas señalan que, aunque la medida de urgencia evitó una crisis mayor, la necesidad de una ley de presupuesto anual sigue latente para prevenir futuros cierres. El consenso bipartidista que surgió en este caso muestra que, bajo presión, los legisladores pueden superar diferencias y actuar en beneficio de la nación.

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