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20/11/2025 18:06 • POLITICA • POLITICA
En los últimos meses, la prensa española ha seguido la investigación que examina la presunta implicación fiscal de la pareja del presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz?Ayuso. El caso, que ha sido objeto de numerosas solicitudes de acceso a la información, se convirtió en asunto de gran interés público.
El ex Fiscal General Jesús García Ortiz fue acusado de haber divulgado documentos confidenciales relativos a la investigación mientras aún ocupaba su cargo. La filtración comprometió la integridad del proceso judicial y violó la normativa de secreto de la Fiscalía.
En una sentencia emitida en 2024, el Tribunal Supremo de España declaró a García Ortiz culpable y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante cinco años. Además, se le impuso una prohibición de ejercer funciones como fiscal por un período de dos años. La resolución subrayó la necesidad de proteger la confidencialidad de los expedientes judiciales y el respeto al Estado de derecho.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pedir disculpas por lo que describió como una "burda operación política" tras la condena del fiscal. Por su parte, la Abogacía General del Estado reclamó respeto a los fallos judiciales y urgió a pactar un nuevo protocolo de comunicación entre la Fiscalía y los medios.
Tras la inhabilitación de García Ortiz, el Gobierno deberá iniciar el proceso de designación de un nuevo Fiscal General. Según la normativa, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitirá un informe y el Ejecutivo propondrá un candidato que será ratificado por el Parlamento.
Organizaciones de derechos civiles y de transparencia han aplaudido la decisión del Tribunal Supremo, considerándola un paso esencial para reforzar la confianza en las instituciones judiciales y evitar futuras filtraciones que puedan perjudicar la imparcialidad de procesos sensibles.
El Gobierno ya ha anunciado que iniciará la búsqueda de un candidato que garantice la independencia y la discreción requeridas para el cargo. Mientras tanto, el caso de la pareja de Díaz?Ayuso sigue bajo investigación, con la Fiscalía obligada a respetar el más estricto secreto profesional.