El magistrado Sebastián Casanello solicitó una investigación exhaustiva del accionar de las autoridades del Aeroparque Jorge Newbery y de Migraciones, en el marco de la polémica causa ANDIS que investiga presuntos sobornos y irregularidades vinculadas al sector de la discapacidad.

Contexto de la causa ANDIS

La causa ANDIS se refiere a una serie de investigaciones judiciales que indagan sobre presuntos actos de corrupción, compra de influencias y sobornos dentro del sistema de subsidios y servicios para personas con discapacidad en Argentina. Diversos empresarios y funcionarios han sido señalados por supuestas maniobras irregulares que buscan desviar recursos públicos.

Decisión del juez Sebastián Casanello

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Sebastián Casanello, emitió una resolución que ordena iniciar una pesquisa sobre el accionar de las autoridades aeroportuarias vinculadas al Aeroparque Jorge Newbery. La medida incluye a la Dirección Nacional de Migraciones y a la empresa operadora del recinto, Aeropuertos Argentina?2000, que suele abreviarse como PSA en el ámbito judicial.

¿Qué se investigará?

La investigación buscará determinar si hubo irregularidades en la forma en que se manejaron los procedimientos de control y confiscación de dispositivos electrónicos, en particular teléfonos móviles, de personas relacionadas con la causa ANDIS. La fiscalía ha señalado que, en casos anteriores, la falta de incautación de equipos pudo haber obstaculizado la obtención de pruebas clave.

Implicaciones para el sector aeroportuario

De confirmarse irregularidades, las autoridades del Aeroparque podrían enfrentarse a sanciones administrativas y penales, además de una revisión de los protocolos de inspección y de la colaboración con las fuerzas de seguridad. La resolución también podría sentar un precedente para futuros casos donde se sospeche un encubrimiento de pruebas en ámbitos sensiblemente vinculados al Estado.

Primeros pasos de la investigación

El juzgado ha encargado a la Unidad Fiscal especializada que realice un relevamiento documental y solicite testimonios a funcionarios de Migraciones y a empleados de PSA. Asimismo, se ha pedido la intervención de peritos informáticos para analizar los registros de los dispositivos incautados.

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