Contexto y antecedentes

Desde su inicio, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei buscó flexibilizar normas de contratación, vacaciones y despidos con el objetivo de reducir costos laborales y atraer inversión. Sin embargo, la medida encontró fuerte resistencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), mayor central sindical del país.

Modificaciones para obtener el voto de la CGT

Ante la presión, el Ejecutivo atenuó varios puntos: se amplió el plazo de preaviso, se estableció un banco de horas con reglas de acumulación y compensación, y se introdujo un fondo de cese laboral que pagará una asistencia económica a los trabajadores despedidos en lugar de las indemnizaciones tradicionales.

Artículo que rechaza al empresariado

A pesar de los cambios, la reforma conserva el artículo 28?B, que elimina la deducción de aportes patronales a la seguridad social y prohíbe que las empresas accedan a ciertos incentivos fiscales. Según el texto, "el empresariado no podrá beneficiarse de reducciones impositivas mientras persista la alta inflación".

Reacción de los actores sociales

La CGT aprobó el proyecto en su congreso, señalando que los nuevos mecanismos de vacaciones y banco de horas garantizan derechos básicos y que el fondo de cese compensa la pérdida de indemnizaciones. Por su parte, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calificó el artículo 28?B como "un obstáculo al crecimiento" y advirtió sobre posibles cierres de compañías.

Impacto y próximos pasos

El proyecto debe pasar por el Senado, donde los legisladores centristas podrían exigir modificaciones adicionales. Analistas económicos estiman que la reforma, si se aprueba, podría reducir el costo laboral medio en un 5?7?% a mediano plazo, pero también advierten riesgos de aumento del desempleo si el fondo de cese no cubre adecuadamente a los trabajadores.