¿En qué consiste el Fondo de Indemnizaciones?

El proyecto de ley establece un Fondo de Seguro de Indemnización Laboral gestionado por el Estado. Cada empleador aportará un porcentaje mensual sobre la nómina, que será acumulado en una cuenta única. Cuando un trabajador sea despedido sin causa, el fondo cubrirá la indemnización correspondiente, evitando que la empresa asuma el costo directo.

Ventajas para empleadores y trabajadores

Para las empresas, el mecanismo reduce la incertidumbre financiera y elimina la necesidad de reservas de efectivo para posibles despidos. Los empleados mantienen su derecho a una indemnización completa, pero reciben el pago de manera más rápida y segura, ya que el proceso será administrado por la Agencia de la Seguridad Social.

Otros pilares de la reforma

• Reducción de impuestos a electrónicos: se elimina el impuesto interno al consumo de equipos electrónicos, con el objetivo de bajar precios al consumidor.
• Descenso de la alícuota de Ganancias para empresas: la tasa máxima pasa del 35?% al 30?%, con incentivos adicionales para pymes.
• Mini RIGI (Régimen de Incentivo a la Generación de Inversión): un esquema simplificado que permite deducciones aceleradas de inversiones productivas.

Reacción de los sindicatos

La CGT ha anunciado que analizará “las medidas a seguir” para contrarrestar los efectos de la reforma, señalando que el fondo podría debilitar la capacidad de negociación colectiva. En sus comunicados, los dirigentes aseguraron que defenderán los derechos de los trabajadores y buscarán ajustes que garanticen la suficiencia del fondo.

Impulso político

La ministra de Trabajo, Patricia?Bullrich, solicitó al Senado la aprobación de un trámite exprés para la reforma, argumentando que la rapidez es clave para revitalizar la economía y generar empleo. La iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno, pero enfrenta críticas de sectores opositores que la califican de “poco equilibrada”.

Perspectivas

Expertos en economía consideran que el fondo puede ser una herramienta eficaz para estabilizar los costos laborales y fomentar la contratación, siempre que se ajuste el porcentaje de aporte a la realidad del mercado. La expectativa es que la medida entre en vigor a mediados de 2026, una vez completado el proceso legislativo.