Decreto 865/2025: la llamada oficial a sesiones extraordinarias

El Decreto 865/2025, publicado en el Boletín Oficial en diciembre de 2025, dispone la apertura de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Estas sesiones, distintas a las ordinarias, se convocan cuando el Poder Ejecutivo necesita que el Poder Legislativo trate asuntos de urgencia o relevancia nacional.

Temario de las sesiones extraordinarias

El decreto establece un agenda concreta que incluye:

• Presupuesto Nacional 2026: definición de los ingresos y egresos previstos para el próximo ejercicio fiscal, con especial atención a la cobertura de los programas sociales y la inversión pública.
• Reforma laboral: cambios dirigidos a flexibilizar la contratación, mejorar la productividad y fortalecer la protección del empleo formal.
• Reforma penal: actualización del Código Penal para modernizar las penas, afinar el sistema de reincidencia y fortalecer los derechos de las víctimas.
• Reforma tributaria: simplificación de la estructura impositiva, ampliación de la base tributaria y medidas para incentivar la inversión.

Contexto político y económico

La convocatoria se produce en un contexto de presión fiscal creciente y la necesidad de equilibrar el presupuesto frente a los desafíos macroeconómicos (inflación alta, déficit fiscal y deuda externa). Además, el Gobierno busca concretar su agenda de modernización institucional antes del ingreso del nuevo Congreso en 2026.

Reacciones y próximos pasos

Los líderes de la Mesa de la Cámara de Diputados y del Senado han confirmado la disponibilidad de sus equipos para trabajar en el temario. Según información de la Casa Rosada, el ministro de Economía y la ministra de Trabajo estarán presentes en las primeras sesiones, que se espera se celebren entre mediados y finales de diciembre 2025.

Qué significa para la ciudadanía

La aprobación del presupuesto 2026 determinará la mantención o recorte de programas de asistencia, la inversión en infraestructura y la capacidad del Estado para responder a emergencias sociales. Las reformas propuestas, por su parte, buscan generar un entorno más competitivo y justo, aunque también generan debates sobre su impacto en los derechos laborales y la carga impositiva.