Contexto del proyecto

El proyecto de la empresa PSJ Cobre Mendocino, conocido como la megaminería de cobre, contempla la extracción de varios millones de toneladas de mineral en la zona del Km 0, cerca de San Jorge. Los promotores aseguran que la inversión superará los mil millones de dólares, generando cientos de puestos de trabajo y elevando la producción nacional de cobre, metal clave para la transición energética global.

Preocupaciones por el agua

Los críticos señalan que la zona es una de las cuencas más vulnerables de la provincia, donde la escasez de agua afecta a agricultores, comunidades indígenas y al ecosistema de los Andes. El uso intensivo de agua para el proceso de trituración y flotación ha generado alarma entre ambientalistas, que temen una reducción irreversible del caudal de ríos locales.

Movilización ciudadana

Desde el pasado viernes, cientos de manifestantes se han congregado frente al edificio del Senado provincial, alzando pancartas que reclaman la protección del recurso hídrico. El llamado “ruidazo” se hizo incesante en el Km 0 tras la aprobación de la ordenanza, produciendo un ambiente de tensión que ha sido cubierto extensamente por los medios locales.

Decisión del Senado

El Senado de Mendoza, en una sesión convocada a finales de noviembre, aprobó la ordenanza que permite avanzar con la megaminería, argumentando que la actividad impulsará la economía provincial y aportará importantes ingresos fiscales. La votación se llevó a cabo bajo acusaciones de falta de transparencia y de que la medida se tomó “de espaldas al pueblo”, según denuncian organizaciones sociales.

Implicancias económicas y sociales

Si se materializa, la megaminería podría añadir varios cientos de millones de dólares al presupuesto provincial anualmente, mientras que la generación de empleo podría marginalmente reducir la tasa de desempleo en la región. No obstante, los opositores advierten que los costos sociales y ambientales –principalmente la pérdida de agua– podrían superar los beneficios económicos a mediano plazo.

Próximos pasos

La decisión final recae ahora en el gobernador de Mendoza, quien debe firmar la normativa para que la empresa inicie los trabajos de infraestructura. Se espera que la presión social continúe, con nuevas marchas y acciones judiciales previstas para los próximos meses.