El Ejecutivo presentó un proyecto de ley que propone vouchers escolares, clases en casa, evaluación obligatoria de los docentes y un examen final de secundaria, con el objetivo de abrir el sistema educativo a la competencia y mejorar la calidad.

¿En qué consiste la "libertad educativa"?

El proyecto de ley, anunciado por el gobierno nacional, plantea una serie de medidas para transformar el sistema educativo argentino:

• Vouchers escolares: recursos públicos que los padres podrían usar para elegir la institución que prefieran, sea pública o privada.
• Clases en casa (homeschooling): se regulará la educación domiciliaria, permitiendo a las familias optar por esta modalidad bajo ciertos requisitos de supervisión.
• Evaluación docente: los maestros serán sometidos a una evaluación periódica basada en resultados de aprendizaje y desempeño profesional.
• Rendición de cuentas: las escuelas deben publicar datos de desempeño y gestionar auditorías para garantizar transparencia.
• Examen final de secundaria: se instaurará una prueba única nacional que certificará la finalización de la educación media.

Contexto y motivaciones

El gobierno argumenta que abrir el mercado educativo y dotar a las familias de mayor poder de decisión impulsará la calidad, la eficiencia y la innovación en escuelas. La medida forma parte de una agenda más amplia de reforma estructural anunciada por el presidente Javier?Milei, quien ha señalado que la educación debe pasar del monopolio estatal a un modelo de competencia libre.

Reacciones y debate público

Los sectores sindicales y varios partidos políticos han expresado su descontento, advirtiendo que la medida podría profundizar la brecha de acceso y reducir el papel del Estado como garante de la igualdad educativa. Por su parte, organismos internacionales y expertos en políticas públicas destacan que la implementación de vouchers y homeschooling requiere un marco regulatorio sólido para evitar inequidades.

Próximos pasos legislativos

El proyecto será debatido en el Congreso durante los próximos meses. Si se aprueba, se esperaría su puesta en marcha gradual, con pruebas piloto en algunas provincias antes de una adopción nacional.

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