El polémico proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei avanza entre polémicas judiciales y promesas de un nuevo fondo estatal para indemnizaciones. La gran incógnita: ¿la norma regirá también los contratos ya firmados o solo impactará a los futuros trabajadores?

Contexto de la reforma

El presidente Javier Milei presentó un ambicioso paquete de cambios en la legislación laboral con el objetivo de flexibilizar la contratación y reducir los costos de despido para las empresas. Entre las medidas más destacadas están la reducción del período de prueba a 30 días, la redefinición de la jornada laboral y la creación de un fondo estatal de indemnizaciones que financiará los pagos por despido.

¿A quiénes afecta la nueva ley?

Según el economista Sergio Sturzenegger, ministro de Economía, el proyecto está redactado de manera que aplicará a "cualquier relación laboral", sin distinción entre contratos vigentes y futuros. Esto implica que los empleados con contratos firmados antes de la aprobación pasarían bajo el nuevo régimen, lo que ha generado alarma entre sindicatos y jueces.

Reacción del Poder Judicial

Varios magistrados se han manifestado en contra del proyecto, declarándose en "alerta" y advirtiendo que la reforma vulnera derechos fundamentales consolidados. La posición de la Corte ha sido cubierta por La Nación, señalando la posibilidad de que el texto sea impugnado ante la Suprema Corte de Justicia.

Impacto en sectores específicos

El cambio también afecta a trabajadores del servicio doméstico. Clarin.com explicó que se modifican tres aspectos clave: el período de prueba (ahora 30 días), la jornada de trabajo (posible reducción de horas semanales) y la forma de presentar los recibos de sueldo, que pasarán a ser digitales y más transparentes.

Críticas y advertencias

El asesor laboral que redactó la reforma admitió públicamente que, a diferencia de lo anunciado, el proyecto no generará empleo y podría, en efecto, aumentar la precariedad. La crítica se centra en la eliminación de indemnizaciones previsionales y la externalización de riesgos a los trabajadores.

Financiamiento del nuevo fondo

El Estado asumirá la carga financiera del fondo de indemnizaciones, una partida que, según Sturzenegger, se financiará con recursos del presupuesto general y no con aportes patronales. Esta medida busca evitar que las empresas trasladen el costo a los salarios.

Próximos pasos

El proyecto debe pasar por el Congreso para su votación definitiva. Mientras tanto, la polémica judicial y la presión de los sindicatos mantienen el debate abierto, y la sociedad espera claridad sobre si sus contratos actuales se verán modificados por la nueva normativa.

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