Contexto de la Ley de Glaciares

Promulgada en 1997, la Ley de Glaciares (Ley Nº 26.994) declaró a los glaciares como bienes de dominio público y prohibió actividades extractivas en su zona de influencia, con el fin de preservar estos reservorios de agua dulce y su biodiversidad. Desde entonces, la normativa se ha convertido en un referente de conservación, pero también ha generado tensiones con el sector minero que busca acceder a recursos minerales en la región patagónica.

¿Por qué la reforma?

El gobierno argumenta que la normativa actual presenta vacíos que facilitan recursos judiciales que retrasan proyectos estratégicos. Según el Ministerio de Economía, la reforma persigue tres pilares:

• Seguridad jurídica: establecer criterios claros sobre qué actividades son permitidas y bajo qué condiciones.
• Federalismo: delegar a provincias la gestión operativa de los glaciares, respetando el marco nacional.
• Uso racional de recursos: permitir la extracción minera solo en áreas donde el impacto ambiental sea mínimo y exista una compensación efectiva.

Detalles del proyecto de reforma

El Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que propone:

1. Definir una zona de influencia alrededor de cada glaciar, con límites basados en estudios hidrogeológicos.
2. Crear un registro nacional de actividades mineras en áreas glaciares, supervisado por la Secretaría de Energía.
3. Establecer sanciones administrativas y penales para incumplimientos, con multas que pueden alcanzar el 10?% del valor de la inversión del proyecto.
4. Permitir que las provincias evalúen proyectos mediante comisiones mixtas de científicos, comunidades locales y autoridades.

Reacciones y perspectivas

Organizaciones ambientales, como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), han calificado la iniciativa como una “motosierra a los glaciares”, advirtiendo sobre los riesgos de degradación periglacial. Por su parte, el sector minero celebra la medida como una oportunidad para desarrollar proyectos de cobre y litio que podrían generar más de 2.000 empleos directos en la región.

Políticamente, la reforma se inscribe dentro del programa económico del presidente, que busca impulsar la inversión extranjera y diversificar la matriz productiva del país. El proyecto será debatido en el Congreso durante los próximos meses y, de aprobarse, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial.