La bailarina y ex pareja de Ariel Diwan podría perder su hogar en los próximos días tras no cumplir con el pago de honorarios a sus abogados. La deuda inicial de entre USD 100.000 y USD 150.000 se multiplicó por intereses y el inmueble ya fue subastado.
El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo dictamen de mayoría en el Senado con modificaciones sustanciales. RENABAP se mantiene, se limitan desalojos exprés y provincias podrán autorizar venta de tierras a extranjeros. Sesión esperada para el 28 de mayo.
La Policía de la Ciudad ejecutó un operativo de desalojo en San Blas y Andrés Lamas donde residían familias con niños y personas con discapacidad. La propiedad tenía una sentencia judicial firme desde 2009 y el conflicto se remonta a 1998. El Gobierno de la Ciudad ya recuperó casi 600 inmuebles en los últimos meses.
El actor de 73 años perdió su residencia de más de una década por impago de alquiler. Debe $59.100 y rechazó una colecta de $100.000 que organizó su representante. Ahora vive en un hotel mientras busca un apartamento en Koreatown.
En una jornada clave para el conflicto laboral, la Sala II de la Cámara de Apelación de San Isidro revocó el desalojo de los trabajadores que ocupan la planta desde el 19 de febrero, reconociendo el derecho constitucional a huelga. Paralelamente, el Ministerio de Capital Humano inició un sumario a la empresa por no pagar los salarios de la segunda quincena de febrero durante la conciliación obligatoria, con multas que podrían alcanzar el 2000% del salario mínimo por cada empleado afectado.
La Cámara de San Isidro anuló por unanimidad la orden de lanzamiento dictada en febrero, considerando que se trata de un conflicto laboral protegido por el derecho a huelga. El Ministerio de Capital Humano inició sumario por incumplimiento de la conciliación obligatoria, con multas del 50% al 2000% del salario mínimo por trabajador afectado.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro rechazó el desalojo de la planta, reconociendo que el conflicto es laboral y no penal. El SUTNA impulsa un proyecto de ley para evitar el cierre definitivo y asegurar la continuidad productiva.
Alfredo S. Quiroga
