La adhesión de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires al blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Javier Milei se encuentra condicionada a la obtención de mayores garantías jurídicas. El programa, que busca atraer inversiones y aumentar la recaudación, enfrenta ciertas reticencias por parte de las autoridades locales, quienes reclaman claridad sobre los aspectos legales para evitar posibles conflictos futuros. El debate se centra en la necesidad de proteger los intereses de los contribuyentes y asegurar la transparencia del proceso.