El Ejecutivo presentó al Congreso, a finales de noviembre de 2024, un amplio proyecto para reformar el Código Penal argentino. Entre las novedades, se endurecen las penas por violencia de género, se amplían los delitos de corrupción y se introducen nuevas figuras penales como el abuso de autoridad y los crímenes de odio. La medida busca modernizar la normativa y garantizar mayor protección a los derechos humanos.
Contexto y objetivo de la reforma
El Ministerio de Seguridad, a cargo del ministro Gustavo Parker, anunció que el proyecto de reforma del Código Penal será remitido al Congreso Nacional en los próximos días. La iniciativa surge como respuesta a la creciente demanda social de una normativa más rigurosa frente a la violencia de género, la corrupción y los delitos de odio, y pretende alinear la legislación argentina con los estándares internacionales de derechos humanos.
Principales cambios propuestos
1. Endurecimiento de penas por violencia de género
- Se eleva la pena mínima para el femicidio a 25 años de prisión.
- Se incluye la tipificación del acoso sexual persistente como delito autónomo, con penas de 3 a 7 años.
- Se crea la figura de «violencia estructural contra la mujer», que permite sancionar conductas de discriminación y exclusión sistemáticas.
2. Ampliación de la normativa contra la corrupción
- Se endurecen las sanciones para los delitos de cohecho, malversación y desvío de fondos públicos, con penas que pueden llegar a 15 años.
- Se elimina la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción «para el futuro», manteniendo la posibilidad de revisión legislativa.
- Se incorpora la obligación de declarar bienes y rentas a través de un nuevo registro digital, con multas automáticas por incumplimiento.
3. Incorporación de nuevos delitos de odio y discriminación
- Se tipifica como crime “delito de odio” cualquier acción motivada por origen étnico, religión, orientación sexual o identidad de género, con penas de 2 a 5 años.
- Se establece la agravante de “discriminación institucional” para funcionarios públicos que actúen con sesgo.
4. Refuerzo de la protección de menores
- Se crean penas específicas para la explotación sexual de menores, incluyendo la obligación de tratamiento psicológico obligatorio para los condenados.
- Se establece la denuncia obligatoria para profesionales de la salud y educación que detecten indicios de abuso.
5. Nuevas conductas penales vinculadas a la tecnología
- Se tipifica el ciberacoso como delito, con penas de hasta 4 años de prisión.
- Se regula la destrucción o alteración de datos críticos de infraestructuras públicas, con sanciones penales de 5 a 10 años.
Reacciones políticas
La senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque del PRO en el Senado, manifestó que la versión final del proyecto será clave para la estrategia legislativa del cuerpo alto. Por su parte, la oposición solicitó incluir en el debate una tabla de “impacto presupuestario” para garantizar la viabilidad de la reforma.
Próximos pasos
Una vez recibido en la Cámara de Diputados, el proyecto iniciará el trámite de “primer debate”, seguido de votaciones en comisión y, finalmente, la aprobación definitiva. El Gobierno ha indicado que espera que la reforma sea promulgada antes de finales de 2025.