18/06/2026 09:50 - Politica
Vista interior del Salón de los Escudos en Casa de Gobierno de Entre Ríos durante una sesión legislativa sobre reforma previsional, con senadores y representantes gremiales debatiendo, ambiente formal con banderas argentinas y escudos provinciales en las paredes.
El Senado de Entre Ríos se convirtió en el epicentro de una de las discusiones más trascendentes del año: la reforma del sistema previsional provincial. Representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de UPCN y de APS expusieron sus observaciones ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
El proyecto, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, busca modificar aspectos centrales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, que presenta el déficit más pronunciado entre los 13 sistemas previsionales provinciales que no fueron transferidos a la Nación.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, solicitó expresamente la eliminación del artículo 8 del proyecto, que limita la posibilidad de avanzar judicialmente contra aspectos de la reforma. Según sostuvo, se trata de una disposición cuya "inconstitucionalidad es obvia".
Uno de los puntos más criticados fue la declaración de emergencia previsional que contempla el proyecto. "El capítulo de la emergencia contamina la reforma previsional", expresó Cánepa, quien argumentó que la emergencia planteada resulta "parcial" y carece de sustento constitucional y jurisprudencial.
El magistrado también cuestionó la delegación de atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo para determinar haberes. "El sueldo no puede quedar sujeto al Poder Ejecutivo", remarcó.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos planteó observaciones técnicas fundamentadas. Lisandro Tomé alertó sobre el cálculo del haber inicial basado en un promedio de 20 años de aportes: "Si hacemos un cálculo inicial que no te mantiene las mismas condiciones de vida que venías como en actividad, cada jubilado equivale a un juicio".
Como alternativa, propuso reemplazar ese criterio por una fórmula basada en los 15 mejores años de aportes (180 meses), calculados con valores vigentes al momento del cese laboral.
| Propuesta | Cálculo actual | Cálculo propuesto |
|---|---|---|
| Haber inicial | Promedio 20 años | 15 mejores años (180 meses) |
| Movilidad | Depende de ingresos efectivos | IPC (índice de precios al consumidor) |
| Plazo de actualización | 60 días hábiles mínimo | 60 días corridos actuales |
Javier Núñez Souza reconoció la compleja situación financiera de la Caja y advirtió que la persistencia del déficit "podría derivar en mayores cargas tributarias para distintos sectores de la economía".
La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, solicitó mantener el requisito de 30 años de aportes y que el cálculo del haber inicial se realice sobre los últimos 120 meses de actividad. Señaló que llevar el cálculo a 240 meses es "innecesario para este momento de incertidumbre, de bajo salario, de crisis económicas".
UPCN también cuestionó el aumento del aporte personal jubilatorio hasta un 8% adicional en contexto de emergencia. "Un 8% más el 19% que ya se aplica es un 27%, es más de un cuarto del sueldo. Eso es una confiscación", reclamó Domínguez.
La secretaria general de APS, Alejandra Levrand, detalló el impacto en trabajadores de servicios públicos de alto desgaste físico: "Me cuesta pensar en los trabajadores que se dedican a la recolección de la basura porque lo harían con 65 y 68 años de edad". También mencionó a empleados de obras sanitarias que trabajan sumergidos en agua y a docentes de jardines maternales.
Uno de los puntos más controversiales es la equiparación de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres, establecida en 65 años para ambos sexos. Levrand calificó esta medida como una "discriminación para nosotros negativa" al no considerar las tareas de cuidado no remuneradas que recae mayoritariamente sobre las mujeres.
El ex secretario general de AGMER, César Baudino, fue más contundente: "Hay un ataque a los regímenes especiales, y hay un ataque realmente autoritario, de dinosaurios, del machismo reinante en nuestra sociedad, planteando que las mujeres van a tener igualdad porque van a estar involucradas en la misma sintonía que los hombres a los 65, 68 años".
Baudino señaló que dos tercios de los jubilados son mujeres y que la reforma desconoce los pluriempleos y las tareas de cuidado que realizan.
El senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos) defendió la reforma como una respuesta necesaria ante un sistema "estructuralmente desequilibrado". "Lo peor que podemos hacer es no hacer nada con nuestro sistema previsional", sostuvo.
Cavagna explicó que el proceso comenzó con informes actuariales para determinar la deuda que mantiene el Estado nacional con Entre Ríos, lo que derivó en una demanda ante la Corte Suprema. "Estamos cuatro a uno con ANSES. Cada cuatro reconocimientos que vienen de la Nación para la Caja se va uno para otro sistema. No hay una transferencia efectiva de fondos en los últimos 10 años", afirmó.
El senador insistió en que el proyecto permanece abierto a modificaciones y descartó nuevas cargas tributarias: "Estamos hablando de una reforma de derecho previsional. Hoy en día, para pagar las jubilaciones de cada 10 pesos, hay que pedirles 4 pesos a rentas generales del Tesoro Provincial".
Una de las cuestiones centrales del debate es la deuda del Estado nacional con la Caja de Jubilaciones provincial. Según el gobierno entrerriano, existen fondos que Nación reconoce pero no transfiere efectivamente. El reclamo está actualmente en la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto de emergencia previsional tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2027, aunque el artículo permite prórrogas posteriores por decisión del Ejecutivo.
La semana próxima continuará la ronda de exposiciones ante las comisiones legislativas, con la participación de nuevos sectores vinculados al sistema previsional. Se espera la comparecencia de expresidentes de la Caja como Daniel Elías y Edgardo Scarione.
El debate se enmarca en el artículo 35 de la Constitución provincial, que establece la responsabilidad colectiva para que el Estado sea eficiente y encuentre equilibrios fiscales.
Fuentes: El Once, Análisis Digital, APFDigital
Alfredo S. Quiroga
