20/07/2026 19:16 - Internacionales
El domingo 19 de julio de 2026, pasado el mediodía, en la vía Italo Svevo del barrio periférico de Pilastro, Bolonia, varios vecinos llamaron a la policía para reportar a un hombre en estado de agitación que había dañado un coche estacionado en el garaje de un edificio residencial.
Cuando los agentes llegaron, encontraron a Abderrahim Fakir, un hombre de 43 años de origen marroquí, residente en Italia desde los 7 años y a la espera de la renovación de su permiso de residencia. Según la reconstrucción policial, los agentes rociaron a Fakir con un aerosol irritante (espray de pimienta) y, con la ayuda de varios ciudadanos, lo mantuvieron tumbado boca abajo mientras intentaban atarle muñecas y tobillos con precintos de plástico (bridas).
Un video grabado por un vecino desde un edificio aledaño —ampliamente difundido en redes y que será pieza central de la investigación— muestra a dos agentes sobre la espalda y las piernas de Fakir, mientras un tercero le presiona la cabeza contra el asfalto. Durante más de dos minutos, se escucha a Fakir gritar pidiendo ayuda y quejándose de dolor. Luego, su voz deja de oírse y su cuerpo deja de moverse. Uno de los policías, al notar que no reacciona, le propina dos golpes leves en la mejilla sin obtener respuesta. Un sanitario se acerca aproximadamente treinta segundos después, gira su cuerpo sobre un costado, pero Fakir ya había muerto.
Abderrahim Fakir era un empresario marroquí dueño de una pequeña empresa de mudanzas y limpieza. Su abogada lo describió como una persona "perfectamente integrada" en la sociedad italiana. En los últimos meses, había manifestado un temor creciente —y según su abogada, infundado— a ser expulsado del país pese a tener su situación migratoria en regla. Su familia ha asegurado que padecía asma, una enfermedad que puede provocar ataques que dificultan la respiración, desencadenados entre otras cosas por factores emocionales o estrés físico. Fakir estaba afiliado al sindicato de base SI Cobas.
La cadena pública italiana Rai News estableció un paralelismo directo con la muerte de George Floyd en 2020 en Estados Unidos, describiendo "una escena que inevitablemente recuerda" aquel episodio que desencadenó protestas masivas contra la violencia polacial en todo el mundo.
El cuñado de la víctima, identificado como Mimi, relató a la prensa local que los agentes "le pusieron dos piernas en el cuello hasta que dejó de respirar" y calificó lo sucedido como "algo que solo se ve en las películas estadounidenses o en TikTok". La hermana de Fakir, Katia Fakir, responsabilizó directamente a los agentes: "Si uno está nervioso, tienes que calmarlo, no matarlo bajo el sol".
La noche del mismo domingo, alrededor de 300 personas se congregaron de manera espontánea en el barrio Pilastro para reclamar justicia, en una manifestación de dolor colectivo. El alcalde de Bolonia, Matteo Lepore (Partido Democrático), convocó una concentración este lunes en la céntrica Plaza de Neptuno.
El sindicato SI Cobas, al que Fakir estuvo afiliado, proclamó una huelga regional de 24 horas en el sector privado a partir de las diez de la noche del domingo. En un comunicado señalaban: "Los policías, sin piedad, han matado a Abderrahim Fakir, un exafiliado a nuestro sindicato".
La Fiscalía de Bolonia ha abierto diligencias por homicidio imprudente, pero ni los dos policías que participaron en la inmovilización ni los cuatro sanitarios presentes han sido formalmente imputados. En su lugar, han sido inscritos en un registro de actuaciones preliminares habilitado por el llamado "modelo 45 bis", un mecanismo introducido en mayo de 2026 por el decreto de Seguridad del Gobierno de Giorgia Meloni.
Esta norma permite retrasar la apertura de una causa penal contra miembros de las fuerzas del orden cuando existen indicios de que actuaron amparados por una causa de justificación, como la legítima defensa o el cumplimiento del deber. Se trata de la primera vez que este instrumento —calificado por sus detractores como un "escudo penal" para la policía— se aplica en Italia.
La autopsia, ordenada por la fiscalía, deberá determinar la causa exacta de la muerte de Fakir.
Las reacciones políticas han seguido una división previsible. La senadora del Partido Democrático Sandra Zampa exigió comparecencias del ministro del Interior, Matteo Piantedosi. La senadora de Alianza Verdes e Izquierda, Ilaria Cucchi, anunció que prepara una interpelación parlamentaria.
Desde el oficialismo, la Liga pidió no adelantar "condenas prejuiciales" hasta analizar las imágenes de las cámaras corporales de los agentes. El diputado de Hermanos de Italia Galeazzo Bignami, partido mayoritario del gobierno de coalición, declaró que la intervención de los agentes "se llevó a cabo con profesionalidad".
El embajador de Marruecos en Italia manifestó que están siguiendo de cerca la evolución del caso y confían en el sistema judicial italiano, según informó el medio Agencia Nova.
La muerte de Fakir se produce en un contexto de endurecimiento generalizado de las políticas migratorias en la Unión Europea. El 17 de junio de 2026, el Parlamento Europeo aprobó de forma definitiva el nuevo Reglamento de Retorno, impulsado por una alianza entre conservadores y fuerzas de extrema derecha. La norma permite registrar domicilios de personas migrantes en situación irregular y amplía los períodos de detención y prohibiciones de entrada.
En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni ha impulsado una política de externalización de fronteras, como los centros de detención de migrantes construidos en Albania. Figuras de la ultraderecha, como el general Roberto Vannacci —expulsado del Ejército, electo eurodiputado por la Liga en 2024 y fundador del partido Futuro Nazionale en febrero de 2026— han difundido discursos que estigmatizan a las personas migrantes y racializadas.
El caso de Abderrahim Fakir guarda también un parecido estremecedor con el ocurrido el 17 de junio de 2025 en Torrejón de Ardoz (Madrid), donde un policía municipal fuera de servicio estranguló hasta matar a otro hombre llamado también Abderrahim, tras acusarlo de haberle intentado robar el móvil.
Familiares, vecinos y organizaciones antirracistas de Bolonia exigen que se esclarezcan las responsabilidades de los agentes que intervinieron y que el caso no quede impune. La investigación judicial continúa abierta.
Fuentes: Infobae, El Salto, IzquierdaDiario, Agencia Nova
Alfredo S. Quiroga
