03/03/2026 20:16 - Actualidad
El sueño de la casa propia se convirtió en una pesadilla judicial para una pareja de General Roca que, tras abonar la totalidad de su terreno, se encontró sin escritura, sin servicios básicos completos y sin posibilidad de acceder a créditos hipotecarios para construir.
Todo comenzó con una publicación en redes sociales que prometía terrenos con servicios y escritura en un plazo de 24 meses. La propuesta resultaba irresistible para quienes buscaban acceder a un lote propio con infraestructura básica garantizada y documentación en regla.
Confiando en esa oferta, la pareja firmó el boleto de compraventa y abonó puntualmente todas las cuotas pactadas. Sin embargo, los meses pasaron y las promesas comenzaron a desvanecerse.
La falta de escritura les impidió acceder a créditos hipotecarios como ProCreAr o préstamos UVA, herramientas fundamentales para quienes necesitan financiamiento para construir su vivienda. Mientras tanto, debieron continuar pagando alquiler, lo que significó un perjuicio económico sostenido en el tiempo.
La pericia informática confirmó que el perfil comercial desde el cual se difundían los terrenos pertenecía a la inmobiliaria demandada, y que las ofertas seguían visibles en redes sociales. También se verificó que la inscripción como martillera de una de las responsables fue posterior a la publicidad del emprendimiento y a la firma del contrato.
El tribunal encuadró la relación bajo la Ley de Defensa del Consumidor, reconociendo que existió una relación de consumo y que los compradores eran destinatarios finales. La sentencia ordenó:
El fallo descartó la pandemia como justificativo del retraso, ya que el plazo contractual para cumplir vencía mucho antes del inicio de la crisis sanitaria. Este caso sienta un precedente sobre la responsabilidad de quienes promocionan desarrollos inmobiliarios y la necesidad de garantizar información clara, documentación en regla y cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos.
Alfredo S. Quiroga
