09/02/2026 00:05 - Economia
Desde antes de las elecciones legislativas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó la Comunicación 8336, que impone una prohibición de 90 días para operar en los mercados financieros (MEP y CCL) a quienes compran dólares al tipo oficial. Inicialmente dirigida a directivos bancarios, la medida se extendió a cualquier persona humana residente que adquiera dólares oficiales.
Solo se permiten compras de títulos con liquidación en moneda extranjera cuando provienen de suscripciones primarias de deuda emitida por residentes y se mantienen en cartera al menos 15 días hábiles, o cuando se reinvierten cobros de servicios de capital del Tesoro Nacional o del BCRA dentro del mismo plazo.
El Gobierno anunció que los dividendos del ejercicio 2025 quedarían liberados del cepo, pero en la práctica persisten trabas. La transferencia de utilidades al exterior sigue obligando a los accionistas a pasar por el Departamento de Comercio Exterior, donde la respuesta es escasa y los trámites se vuelven complejos, generando abandono de muchas operaciones.
Algunos inversores optan por “romper” el mercado a través de la compra de dólares en el contado con liquidación (CCL) o mediante obligaciones negociables (ON) que permiten pagos en dólares cable sin afectar el Mercado Libre de Cambios.
En las últimas 24 jornadas el BCRA ha acumulado compras por más de USD 1.400?millones, reduciendo la brecha entre el dólar oficial y el financiero. Sin embargo, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Buenos Aires recuerda que Argentina no alcanzó la meta de -USD 2.600?millones de reservas fijada para diciembre de 2025.
El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que una posible flexibilización de las restricciones podría considerarse a partir del segundo semestre del año, siempre que el escenario de reservas mejore.
Economistas como Gonzalo Guiraldes (Audemus) consideran que la restricción cruzada perdió sentido tras las elecciones y su eliminación debería ser una prioridad si se avanza en una política cambiaria más abierta. Por el momento, fuentes del BCRA aseguran que no hay planes inmediatos para levantar la medida.
El debate continúa entre el sector privado, que demanda mayor libertad para la repatriación de utilidades, y el Gobierno, que busca evitar presiones inflacionarias y fugas de capital.
El “mini cepo” sigue siendo el principal obstáculo para que las empresas argentinas transfieran dividendos y capitales al exterior, mientras el país trata de estabilizar su tipo de cambio y cumplir con los requisitos del FMI. La expectativa se centra en si la segunda mitad del 2026 traerá una flexibilización real o si las restricciones se mantendrán.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones