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26/11/2025 01:02 • POLITICA • POLITICA
En noviembre de 2025, la Fiscalía Federal Económica emitió una denuncia contra un empresario del sector financiero que mantiene estrechos lazos con Jorge "Chiqui" Tapia, presidente del Racing Club. Según la acusación, el sujeto habría lavado dinero proveniente de comisiones ilegales y evadido impuestos por medio de estructuras societarias opacas.
El lavado de dinero es el proceso de ocultar el origen ilícito de recursos para darles una apariencia de legalidad. Se suele realizar mediante una serie de operaciones financieras que dificultan rastrear el origen del capital.
La evasión fiscal consiste en no declarar total o parcialmente los ingresos gravados, utilizando para ello sociedades pantalla, facturación ficticia o rutas internacionales de capital. En este caso, la investigación señala la creación de varias empresas offshore que recibieron pagos sin la correspondiente retención de impuestos.
Paralelamente, la justicia amplió la pesquisa a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se detectó una supuesta ruta de criptomonedas destinada a movilizar fondos entre cuentas bancarias y wallets digitales. Según fuentes de Infobae, la criptomoneda serviría como capa adicional para ocultar el origen de los recursos, complicando su rastreo.
Una criptomoneda es una divisa digital basada en criptografía que permite transacciones seguras y descentralizadas. Su anonimato parcial la ha convertido en un instrumento frecuente en esquemas de lavado de dinero.
Las fiscalías han ordenado el levantamiento del secreto fiscal y bancario del investigado, además de la incautación preventiva de cuentas en el exterior. Se espera la presentación de pruebas ante el tribunal en los próximos meses, lo que podría derivar en cargos penales y multas millonarias.
El caso ha generado una fuerte presión mediática y política. El presidente de la Nación ha manifestado que la investigación “no escatimará recursos” y que “todos los involucrados, sin importar su posición, serán llevados ante la justicia”. Analistas económicos advierten que la denuncia podría afectar la confianza del sector privado y la percepción internacional sobre la transparencia de los fondos en Argentina.