Presentación oficial del proyecto

El día 15 de diciembre de 2025, el gobierno nacional remitió al Congreso de la Nación el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (Ley Nº 25.688), acompañada de una solicitud de celeridad en su tratamiento legislativo. La medida fue anunciada por la Oficina de Prensa de la Presidencia durante una rueda de prensa encabezada por el presidente Javier?Milei.

¿Qué es la Ley de Glaciares?

Promulgada en 2001, la Ley de Glaciares protege los glaciares argentinos como reservas estratégicas de agua, garantizando su preservación y regulando actividades que puedan afectar su integridad, como la minería y la extracción de recursos hídricos. La normativa también establece criterios de gestión conjunta entre gobiernos nacionales y provinciales.

Motivaciones de la reforma

El Ejecutivo argumenta tres pilares clave para la modificación:

• Seguridad jurídica: actualizar a la normativa conceptos y definiciones para evitar contradicciones legales.
• Federalismo: reforzar la participación de las provincias en la gestión de los recursos glaciares, distribuyendo competencias y beneficios.
• Uso racional de recursos: facilitar proyectos de desarrollo que, bajo controles estrictos, aprovechen el agua de los glaciares sin comprometer su conservación.

Postura del presidente Milei

Javier?Milei destacó que la reforma "cambia la ley sobre los glaciares" para eliminar trabas que, según él, "obstaculizan el desarrollo" del país. El presidente aseguró que la nueva norma permitirá impulsar inversiones responsables en sectores como la energía renovable y la agricultura, siempre bajo estricto control ambiental.

Reacciones y debate

Organizaciones ecologistas y grupos sociales han expresado preocupación, temiendo que la reforma pueda abrir la puerta a proyectos mineros que pongan en riesgo la masa glaciar y, por ende, el suministro de agua dulce. En Mendoza, manifestaciones condujeron a la ocupación de calles para pedir la protección de los glaciares y evitar el “saqueo minero”.

Próximos pasos

El proyecto será debatido en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y la Cámara de Diputados. El gobierno ha pedido que el proceso legislativo sea ágil, con la intención de que la nueva normativa entre en vigor antes de finales de 2025.