Los analistas de más de 50 bancos y consultoras presentan sus estimaciones para el tipo de cambio y la inflación en 2026, señalando que la devaluación podría superar los 900 pesos y la inflación mantenerse por encima del 100%. Además, identifican tres riesgos estructurales que podrían desviar ese pronóstico y repercutir en la economía argentina.
Tras la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales del 22 de octubre de 2023, el economista Andrés Malamud alertó sobre el riesgo de que el miedo de la población se convierta en un obstáculo para la agenda de reformas, subrayando la necesidad de gestionar la percepción pública y evitar una pérdida de confianza.
Con la inflación argentina superando el 150 % interanual y el Banco Central manteniendo una política restrictiva, el tipo de cambio ha sido protagonista en noviembre. Analistas de banca, casas de cambio y consultoras evalúan si el dólar logrará una pausa o continuará su ascenso frente al peso, tomando en cuenta la renegociación del programa con el FMI y los flujos de capital.
El presidente Javier Milei presentó esta semana la segunda etapa de su plan económico, enfocada en reformar impuestos y liberar el mercado de capitales. El objetivo: destrabar los cientos de millones de dólares de inversión que todavía están paralizados, pero el gobierno enfrenta un dilema entre exigir credibilidad fiscal y ofrecer condiciones atractivas para los inversores.
Tras la medida anunciada el 26 de octubre (conocida como 26‑O), el mercado financiero de Argentina reconfiguró sus proyecciones de tipo de cambio, inflación y tasa de referencia. Analistas y entidades bancarias detallan cómo se alinea la nueva apuesta del Banco Central con la realidad económica y qué implicancias tendrá para los argentinos durante noviembre.
El Gobierno de la Nación fijó el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para noviembre de 2025, estableciendo un nuevo importe por hora y por jornada completa. La medida, anunciada tras la convocatoria de una reunión del Consejo del Salario, genera debate entre autoridades, sindicatos y organizaciones empresarias, y plantea interrogantes legales sobre la transparencia del proceso.