La campaña para las elecciones de 2027 comenzó mucho antes de que aparezcan las candidaturas definitivas. Javier Milei y Mauricio Macri mueven sus piezas en un sector, mientras Axel Kicillof, Sergio Massa, Cristina y Máximo Kirchner discuten el futuro del peronismo. La política ya piensa en las urnas; buena parte de la sociedad, todavía en cómo llegar a fin de mes.
En ese escenario aparece la discusión sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). No se trata solamente de una cuestión institucional. La definición del sistema electoral puede beneficiar o perjudicar a cada fuerza según su grado de unidad, la cantidad de candidatos y su capacidad para movilizar votantes.
El proyecto del Gobierno: eliminar las PASO
El Gobierno de Milei envió al Congreso una reforma electoral que propone eliminar definitivamente las PASO. Su argumento es conocido: las internas pertenecen a los partidos y no deberían ser financiadas por todos los contribuyentes. La Casa Rosada sostuvo, además, que las primarias nacionales de 2023 costaron $45.000 millones y no resolvieron ninguna competencia relevante.
Pero el oficialismo no dispone por sí solo de las mayorías necesarias. Por eso comenzó una negociación con radicales, dirigentes del PRO, fuerzas provinciales, gobernadores y sectores del peronismo.
La alternativa: PASO optativas
Una de las alternativas fue presentada por el senador radical correntino Eduardo Vischi. Su proyecto conserva las primarias, pero elimina la obligación de votar para los ciudadanos. También permite que las agrupaciones sin competencia interna no participen y establece un piso de participación equivalente al 10% del padrón para realizar la elección.
La propuesta abre más preguntas de las que responde. Si el voto es voluntario, ¿cuántos ciudadanos participarían de una elección destinada a ordenar las candidaturas de partidos con los que no se identifican? Es probable que concurran principalmente afiliados, militantes y votantes con una fuerte identidad política. En ese caso, la primaria seguiría siendo abierta en términos legales, pero podría convertirse, en los hechos, en una competencia dominada por los aparatos partidarios.
El resultado tendría una legitimidad diferente. Una participación elevada demostraría que la sociedad considera valioso intervenir en la selección de candidatos. Una concurrencia escasa, en cambio, reforzaría el argumento de quienes sostienen que las internas deben ser resueltas y financiadas por cada agrupación.
El costo de las PASO sigue en discusión
También permanece la discusión económica. Aunque los ciudadanos dejen de estar obligados a votar, el Estado deberá organizar los comicios, disponer de escuelas, autoridades de mesa, seguridad, logística y escrutinio. Quitar la obligatoriedad no elimina por sí mismo el costo de las PASO.
Sus defensores señalan que el mecanismo permite ordenar la oferta electoral, reducir la dispersión de candidaturas y resolver las diferencias dentro de una coalición. Además, obliga a que todos compitan bajo reglas comunes y evita que las conducciones partidarias elijan a sus postulantes entre pocos dirigentes.
El juego político detrás de la reforma
Para el peronismo, conservar las PASO podría resultar especialmente útil ante una eventual disputa entre el kirchnerismo, Kicillof, Massa y los gobernadores. Para el oficialismo, eliminarlas podría obligar a la oposición a resolver esas diferencias antes de llegar a las urnas o empujarla a competir fragmentada. Allí aparece el trasfondo de la reforma: cada fuerza defiende el sistema que mejor se adapta a su estrategia.
Las PASO no eligen autoridades, sino candidatos. Sin embargo, tampoco son una simple encuesta: quien pierde dentro de una agrupación queda impedido de presentarse por fuera con otra lista en esa misma elección. Esa regla ayuda a unificar coaliciones, aunque también traslada a toda la sociedad una disputa que muchas veces pertenece a las estructuras partidarias.
Las tres condiciones de Macri
En las conversaciones con el Gobierno, Macri fijó tres condiciones para avanzar hacia un entendimiento:
- Que el oficialismo reconozca el respaldo que el PRO brindó a la gestión libertaria.
- Que deje de disputar políticamente la Ciudad de Buenos Aires.
- Que lo acepte como el interlocutor encargado de negociar por el partido en todos los distritos.
El expresidente también reclamó que La Libertad Avanza deje de incorporar individualmente dirigentes de su espacio. Después de esos planteos hubo señales de acercamiento. En una reunión con Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, Martín y Eduardo “Lule” Menem reconocieron el acompañamiento que el PRO prestó al Gobierno en momentos clave.
La negociación con los gobernadores
La estrategia oficialista no termina en Macri. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajaron a Albigasta, Catamarca, para inaugurar un acueducto junto a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elía Suárez (Santiago del Estero). La obra había sido comprometida el año pasado en medio de las negociaciones por el respaldo de las bancadas provinciales a la suspensión de las PASO.
Los mandatarios del Norte Grande tienen previsto llegar a la Casa Rosada para pedir compensaciones en el marco del debate en el Senado por la ley de Zonas Frías. Las provincias norteñas que no cuentan con redes de gas sostienen que deben afrontar elevados costos eléctricos para atravesar los meses de altas temperaturas y reclaman algún mecanismo que compense la reducción de subsidios.
El bloque opositor que puede frenar la reforma
La construcción de acuerdos será especialmente importante si el oficialismo decide avanzar finalmente contra las PASO. La última sesión del Senado dejó una señal de las dificultades que podría encontrar. La oposición reunió entre 37 y 39 votos para rechazar un capítulo de la reforma de la ley de Manejo del Fuego. En el oficialismo calculan que una mayoría similar podría bloquear cualquier intento de suspender o eliminar las primarias.
Ese bloque incluye legisladores del peronismo, Convicción Federal, Santa Cruz, Misiones y sectores de la UCR, entre otros espacios.
¿Qué espera la sociedad?
La Argentina necesita determinar qué espera de sus primarias. Si son una herramienta pública para ordenar la competencia política, deben contar con participación suficiente, reglas claras y una justificación democrática. Si son apenas internas partidarias financiadas por el Estado, el cuestionamiento ciudadano resulta inevitable.
Convertirlas en optativas puede ser una salida para reunir votos en el Congreso, pero no necesariamente una solución institucional. Corre el riesgo de conservar el gasto, reducir la participación y entregar mayor influencia a los sectores más movilizados.
Mientras tanto, la política sigue buscando quién le resuelva la interna. Y la sociedad, observando.