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09/02/2026 12:11 • Politica
En los últimos días de noviembre 2024 el presidente Javier Milei y el mandatario francés Emmanuel Macron firmaron un convenio para la compra de tres submarinos clase Scorpène y cuatro lanchas de vigilancia oceánica (OPV) clase Gowind destinados a la Prefectura Naval. El monto total de la operación ronda los US$2.000 millones.
La iniciativa se gestó inicialmente cuando Patricia Bullrich ejercía como ministra de Seguridad; bajo su gestión se abrió la puerta a la empresa francesa. Tras la llegada de Mile al Ejecutivo, la decisión política fue confirmada y anunciada públicamente, reactivando una negociación que había permanecido estancada por la inestabilidad económica del país.
Naval Group, antes conocida como DCNS, es una compañía mayoritariamente estatal (62 %) con participación significativa del grupo de defensa Thales (35 %). A pesar de su capacidad técnica, la firma ha sido objeto de múltiples investigaciones por presuntos sobornos en Pakistán, Malasia, Brasil, India y en el caso brasileño del programa Lava Jato. En 2017 lideró el Ranking de Corrupción Militar elaborado por la Fletcher School de la Universidad de Tufts.
Los casos documentados incluyen:
El reavivamiento del proyecto ha reavivado críticas de la oposición y de organismos de control. La Auditoría General de la Nación (AGN) ya había señalado irregularidades en compras de lanchas a Israel en 2024, acusando sobreprecios de 138 % respecto a ofertas internacionales. Además, la reciente aprobación del préstamo de 71 millones de euros para la compra de helicópteros navales a través de Crédit Agricole (decreto 924, 26 de diciembre de 2025) muestra la tendencia a financiar equipamiento militar mediante endeudamiento externo.
Desde la tragedia del crucero Ara San Juan en noviembre 2017, la fuerza submarina de la República Argentina permanece inactiva, lo que convierte la compra de los nuevos submarinos en una pieza clave para restablecer la capacidad de disuasión marítima.
El proyecto, aunque estratégico, plantea interrogantes sobre la transparencia y el costo en el contexto de una economía bajo presión inflacionaria. Las voces críticas exigen una revisión exhaustiva de los términos contractuales y una mayor supervisión parlamentaria antes de su ejecución definitiva.
Fuentes: Ámbito