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12/02/2026 00:06 • Politica
El proyecto de modernización laboral, impulsado por la autoridad de Desregulación y Transformación del Estado y patrocinado por el presidente, busca modificar la forma en que se financian las cámaras empresarias y los convenios colectivos. En la agenda del Senado estaba previsto debatir el texto durante la madrugada del 12 de febrero de 2026.
Según el dictamen de mayoría, los aportes obligatorios a cámaras empresarias y asociaciones de empleadores no podrán superar el 0,5?% de la remuneración de los trabajadores, mientras que los aportes a asociaciones de trabajadores quedarán limitados al 2?%. La disposición se mantiene sin la fecha de caída que había previsto la versión original (dos años).
A partir del 1 de enero de 2028 los aportes seguirán siendo obligatorios para los empleadores que integren o estén vinculados a dichas cámaras, a menos que la empresa no sea socia de la entidad beneficiaria. La obligatoriedad, por tanto, no se vuelve voluntaria como había sido anunciado por Decreto 149/2025.
Otro punto polémico es la inclusión, como anexo, de la transferencia de la competencia de la justicia laboral a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. La modificación aparecía en los artículos 79 y 91 del dictamen de mayoría y será tratada al final de la norma.
Los sindicatos expresaron inquietud porque la medida favorece a los empleadores sin ofrecer un tratamiento equivalente para los trabajadores. Algunos líderes advirtieron que la permanencia de aportes obligatorios podría generar una “doble garantía” de financiamiento para las cámaras empresarias.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) denunció en un comunicado que la redacción del artículo 128 consolida aportes obligatorios sin trazabilidad ni rendición de cuentas, manteniendo una recaudación millonaria que, según la entidad, beneficia a la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a través del INACAP.
Autoridades del Banco Central alertaron sobre riesgos de falta de transparencia y posible distorsión de los costos laborales, indicando que la reforma debería buscar reducir esos costos en las paritarias.
Se espera que la decisión final, que mantendrá los aportes obligatorios pero con topes más bajos, sea comunicada al público en la madrugada del 13 de febrero de 2026. El anexo sobre la justicia laboral también será votado en la misma sesión extraordinaria. El debate sigue abierto y generará intensas negociaciones entre el oficialismo, los gremios y las cámaras empresarias durante los próximos días.