19/06/2026 15:11 - Economia
campo de soja con tecnología agrícola moderna
El gobierno de Javier Milei derogó la Resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a través de la Resolución 197/2026, publicada en el Boletín Oficial. Esta normativa, implementada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establecía criterios restrictivos para el patentamiento de organismos vivos, material biológico y desarrollos biotecnológicos aplicados a la producción agrícola.
En términos prácticos, la medida elimina una barrera que impedía a las empresas dueñas de tecnologías agrícolas extender sus derechos sobre eventos genéticos utilizados por millones de productores argentinos. Ahora, estas compañías podrán cobrar regalías por el uso de su genética incorporada en las semillas.
Para entender el impacto, hay que remontarse a fines de los años noventa, cuando la soja RR (Roundup Ready), una variedad transgénica desarrollada por Monsanto, revolucionó la agricultura nacional y transformó a Argentina en una potencia agrícola mundial. Desde entonces, las empresas propietarias de esos desarrollos intentaron cobrar regalías por el uso de la genética incorporada en las semillas.
Distintos gobiernos resistieron esos intentos mediante regulaciones y limitaciones al patentamiento. Gracias a esas restricciones, millones de hectáreas sembradas quedaron fuera del alcance de cobros que en otros países eran habituales. La derogación elimina esa protección histórica.
Aunque la medida no crea un nuevo impuesto estatal, genera una nueva carga económica para quienes trabajan la tierra. La diferencia es que el dinero no irá al Estado, sino directamente a las empresas propietarias de las tecnologías.
En la práctica, los productores comienzan a enfrentar mayores costos asociados al uso de semillas, eventos biotecnológicos y desarrollos genéticos protegidos. Numerosos referentes rurales sostienen que el efecto económico es similar al de una nueva carga sobre la actividad productiva, transfiriendo recursos desde los productores hacia las compañías dueñas de las patentes.
La decisión expone una contradicción política que no pasó desapercibida en el sector rural. Durante los gobiernos kirchneristas, gran parte del agro mantuvo una confrontación por retenciones y controles de exportación. Sin embargo, fue durante esos mismos gobiernos cuando se sostuvieron mecanismos regulatorios que evitaron que las multinacionales semilleras cobraran regalías masivas.
Hoy, un gobierno con fuerte respaldo de sectores vinculados al campo eliminó precisamente una de las herramientas que impedían ese avance.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida en redes sociales: "Por Resolución 197/26 el INPI deroga la Resolución 283/15 sobre (no) patentamiento de materia viva y biotecnología, una mejora trascendental en el respeto a la propiedad intelectual y a la innovación en nuestro país".
El Gobierno sostiene que la decisión moderniza el sistema de propiedad intelectual argentino, lo acerca a estándares internacionales (como Estados Unidos y Europa) y atraerá inversiones en investigación y desarrollo.
Organizaciones vinculadas a la agricultura familiar, ambientalistas y sectores académicos advierten que una ampliación de la patentabilidad sobre recursos biológicos puede fortalecer la posición dominante de grandes corporaciones multinacionales del sector biotecnológico.
Los críticos señalan que una protección excesiva puede derivar en mayores costos de acceso a determinadas tecnologías, concentrar mercados y generar tensiones sobre el control de recursos genéticos que forman parte de la biodiversidad.
La derogación de la Resolución 283/2015 no elimina las restricciones previstas en la Ley de Patentes, que siguen vigentes, pero sí quita una capa adicional de limitaciones administrativas. A partir de ahora, los examinadores del INPI tendrán mayor margen para analizar cada solicitud según criterios generales.
El verdadero alcance de la medida comenzará a observarse en los próximos años, cuando el INPI deba resolver nuevas solicitudes de patentes y la Justicia eventualmente se pronuncie sobre los límites de esa flexibilización.
Fuentes: El Litoral, La Política Ambiental
Alfredo S. Quiroga
