02/07/2026 03:38 - Judiciales
Casi nueve años después del hundimiento del ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz prepara su veredicto en un caso que trasciende lo judicial. Los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto deben resolver si existen responsabilidades penales individuales en la tragedia que costó la vida a 44 tripulantes.
El desafío es mayúsculo: el submarino, principal testigo silencioso del drama, permanece a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Sin acceso al casco ni a los restos, toda la instrucción se construyó sobre documentos, testimonios y reconstrucciones de lo ocurrido antes de la implosión.
Ese vacío probatorio es central: nadie sabe con certeza qué ocurrió durante las aproximadamente dos horas que separan la última comunicación del submarino de la implosión registrada. Los tripulantes no alcanzaron a emitir nuevas comunicaciones, no activaron la radiobaliza ni ejecutaron maniobras de emergencia.
Para las querellas: el submarino nunca debió zarpar. La tragedia fue consecuencia de una cadena de decisiones equivocadas, deterioro acumulado, advertencias ignoradas y una estructura de mantenimiento que naturalizó el riesgo. El punto más fuerte aparece en la patrulla de julio de 2017, cuando el comandante informó ingreso de agua en el sector de baterías de proa, situación que fue minimizada.
Para la defensa: declararon cerca de noventa especialistas y marinos bajo juramento. Varios excomandantes coincidieron en que las 33 novedades técnicas y las ocho pruebas pendientes no comprometían la seguridad náutica. Además, 72 horas antes de perder contacto, el submarino cumplió exitosamente un ejercicio de guerra con la Flota de Mar.
Claudio Javier Villamide, de 62 años, es uno de los cuatro ex altos mandos de la Armada acusados. Como excomandante de la Fuerza de Submarinos, la fiscalía solicitó cinco años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.
En diálogo exclusivo con Infobae desde Río Gallegos, Villamide defendió su gestión: "Tengo la convicción de que el buque estaba en condiciones de navegar". Sobre las novedades técnicas pendientes, explicó que "ninguna afectaba los sistemas trascendentes: propulsión, seguridad, elementos de lucha contra incendios, detección de gases, sensores principales, motores diésel o baterías".
Respecto al carenado vencido, citó al propio fabricante: "una demora en su realización no incide ni afecta la navegación segura del submarino".
Villamide criticó duramente a la conducción de la Armada: "A quien en ese momento encabezaba la Armada [el almirante Marcelo Srur] le faltó coraje y liderazgo". Agregó que "un grupo minoritario de acólitos que lo rodeaba, en lugar de buscar la verdad y defender el interés institucional, procuró protegerlo a él".
Villamide fue destituido en 2021 por un Consejo General de Guerra tras 38 años de servicio. Perdió el derecho a usar el uniforme y a percibir su haber: "Es como si me hubiera muerto", describió. Su esposa recibe una pensión del 75% de lo que le hubiera correspondido.
Durante la pandemia perdió la obra social y sintió que fue "excluido, borrado, erradicado" de una institución a la que dedicó casi cuatro décadas.
Villamide describió el esfuerzo de rescate: "Fue máximo y absoluto". Participaron armadas de Reino Unido, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, España, Canadá, Francia, Rusia y Estados Unidos.
Sobre la incógnita del hundimiento, reflexionó: "Siempre nos va a quedar esa duda. Si fue una explosión de hidrógeno, ¿cómo no detectaron el hidrógeno?".
No es la primera vez que una democracia enfrenta este dilema. Francia convivió más de medio siglo con el misterio del submarino Minerve, desaparecido en el Mediterráneo en enero de 1968 con 52 tripulantes.
Recién en 2019, gracias a tecnologías inexistentes en la época, fue localizado el casco a más de 2.300 metros de profundidad. Irónicamente, el buque que lo encontró fue el mismo Seabed Constructor de Ocean Infinity que en noviembre de 2018 permitió hallar al ARA San Juan.
"Incluso ese hallazgo no permitió despejar completamente las causas del hundimiento", recuerda el análisis de Ámbito, citando el artículo de Edgardo Aguilera.
El juicio funciona también como una forma de reparación institucional. Pero reparación no necesariamente significa condena. El derecho penal no fue concebido para satisfacer la necesidad emocional de identificar responsables, sino para establecer culpabilidades concretas demostradas.
Como señala el análisis de Ámbito: "La política administra responsabilidades amplias, la Justicia administra culpabilidades concretas".
Si el tribunal concluye que persisten dudas insalvables sobre la secuencia causal del hundimiento, deberá asumir el costo institucional de decirlo, aunque frustré a una parte de la sociedad.
Alfredo S. Quiroga
