Nueva instancia judicial para el caso de la mansión de Pilar

La Cámara Federal de Casación Penal volverá a intervenir en la compleja disputa de competencia que rodea a la investigación del presunto lavado de dinero detrás de una lujosa mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares. El caso tiene conmocionado al ámbito deportivo por la presunta vinculación de altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según informó Infobae, el conflicto sobre qué juzgado debe llevar adelante la investigación se arrastra desde los inicios del expediente, el cual pasó por Comodoro Py, el fuero Penal Económico y los tribunales de Zárate-Campana.

Los presuntos testaferros y la apelación

A mediados de mayo de 2026, la Casación había anulado el envío de la causa al Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, ordenando que la disputa se resuelva en la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Esto derivó en que el caso recayera en el Juzgado Federal en lo Penal Económico N° 10, de la jueza María Verónica Straccia.

Sin embargo, la defensa de los presuntos testaferros Luciano Nicolás Pantano -un dirigente de segunda línea del fútbol- y su madre, Ana Lucía Conte, se opusieron al traslado. Ambos figuran en los papeles como dueños de la propiedad a través de la firma Real Central SRL, pero la acusación sostiene que jamás contaron con el dinero para adquirir la mansión, sus lujos y la colección de autos y motos de alta gama que albergaba. Las sospechas apuntan a que detrás de los prestanombres estarían el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

El recurso de queja y la decisión de la Casación

El abogado defensor Mariano Morán argumentó que la decisión afectaba la garantía constitucional del juez natural. Tras ser rechazado inicialmente por la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico, Morán acudió directamente a la Cámara de Casación mediante un recurso de queja.

El tribunal fijó una audiencia clave para el próximo 12 de agosto de 2026 a las 11:30 horas, donde las partes expondrán sus argumentos antes de una resolución definitiva. Esta decisión mantiene abierta la discusión sobre el rumbo de la investigación y si el caso permanece en la Ciudad de Buenos Aires o regresa a la jurisdicción bonaerense.